Análisis PESTEL Guatemala (actualización Enero – Junio 2025)

Estrategia, Gestión de Calidad, Gestión Empresarial, Negocios y Economía 28 minutos

Introducción

Nota preliminar: El presente documento constituye un análisis personal elaborado con base en la recopilación, interpretación y síntesis de información proveniente de diversas fuentes públicas, como organismos multilaterales, medios de comunicación especializados y reportes técnicos disponibles hasta junio de 2025. No representa una posición institucional ni pretende sustituir fuentes oficiales. Se recomienda al lector profundizar, contrastar y validar por cuenta propia aquellos aspectos que resulten de su interés o necesidad particular.

El primer semestre de 2025 ha estado marcado por una serie de acontecimientos relevantes que han influido en el entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal de Guatemala. Comprender estas dimensiones es fundamental para interpretar la evolución del contexto nacional y anticipar sus posibles implicaciones para diferentes sectores estratégicos, incluyendo la industria de alimentos, empaques y el comercio en general.

Este análisis PESTEL ofrece una visión estructurada y actualizada del entorno guatemalteco desde una perspectiva integral, abordando tanto factores internos como externos que inciden en el desempeño del país. El objetivo es proporcionar una herramienta de referencia que facilite la reflexión crítica y el análisis contextualizado, particularmente útil para estudiantes, profesionales y tomadores de decisiones que requieren comprender la dinámica multifactorial del entorno en el que opera Guatemala en 2025.

Político

Guatemala entró al 2025 bajo un nuevo gobierno liderado por el presidente Bernardo Arévalo, quien asumió en enero de 2024 con una agenda de inversión social y combate a la corrupción. A lo largo del primer año de gestión impulsó reformas importantes, incluyendo la primera Ley Antimonopolio del país y mejoras en el marco para infraestructura. Sin embargo, Arévalo ha enfrentado fuerte resistencia de sectores tradicionales: en sus primeros meses tuvo 13 solicitudes de destitución y 6 intentos de retirar su inmunidad, promovidos por figuras de las élites políticas tradicionales. La fiscal general Consuelo Porras – sancionada por EE.UU. por corrupción – sigue en su cargo y vigilante de cualquier oportunidad para actuar contra el mandatario. Pese a este entorno hostil, las instituciones democráticas se han mantenido y Arévalo conserva una visión reformista de largo plazo, aun con popularidad a la baja (de aproximadamente 78% al inicio a 39% en enero de 2025) debido a las altas expectativas de cambio frente a problemas estructurales como pobreza (57% de la población) y desnutrición.

En el plano internacional, 2025 trajo cambios significativos. En Estados Unidos asumió una nueva administración bajo Donald Trump, cuyo enfoque migratorio más rígido impacta directamente a Guatemala. El gobierno de Arévalo ha optado por una colaboración pragmática con Trump, cooperando estrechamente en temas clave como control migratorio y lucha antidrogas. En febrero 2025 ambos países firmaron acuerdos para reforzar la vigilancia fronteriza y Guatemala aceptó recibir deportados de terceros países. Destaca que en junio Arévalo anunció que Guatemala ofrecerá asilo a nicaragüenses deportados por EE.UU. que teman volver a la dictadura de Managua, como gesto humanitario y de buena voluntad regional. No obstante, las políticas migratorias de Trump han generado temor en la nutrida comunidad de migrantes guatemaltecos. Existe la amenaza potencial de deportaciones masivas – se calculaba que más de 200 mil centroamericanos podrían ser devueltos en 2025 – y se reactivaron medidas como el programa “Permanecer en México”, endureciendo el acceso a asilo en EE.UU. En el Congreso estadounidense, la mayoría republicana incluso aprobó en mayo un proyecto de ley para imponer un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por migrantes sin papeles. Aunque dicha medida aún debe pasar por el Senado y ser sancionada por Trump, de concretarse significaría millones de dólares menos llegando a los hogares guatemaltecos. En términos diplomáticos más amplios, Guatemala mantiene alineación con Occidente en foros internacionales. La guerra en Ucrania – que entró en su tercer año – continúa generando incertidumbre global; si bien el conflicto ocurre lejos, sus repercusiones se sienten en precios internacionales de combustibles y granos, algo que Guatemala monitorea dada su dependencia de importaciones energéticas y de insumos agrícolas. En resumen, el ámbito político guatemalteco en el primer semestre 2025 combina la dinámica doméstica de un gobierno reformista bajo acecho de viejos poderes, con factores externos críticos como la política migratoria estadounidense y conflictos internacionales que condicionan el entorno estratégico del país.

Económico

Remesas récord y cautela económica: La economía de Guatemala mostró un crecimiento moderado. En 2024 el PIB creció aproximadamente 3.7% y para 2025 se proyecta aproximadamente 3.5%, desempeño sostenido por la prudencia fiscal y monetaria, así como por dos motores principales: el crédito interno al sector privado y, sobre todo, las remesas familiares enviadas desde el exterior. De hecho, las remesas han continuado rompiendo récords en 2025. En los primeros cuatro meses del año, los migrantes (principalmente en EE.UU.) enviaron US$7,627 millones, un 16.7% más que en el mismo período de 2024. Solo en marzo de 2025 ingresaron US$2,003 millones, la cifra mensual más alta registrada, y en abril fueron US$1,985 millones. Las autoridades atribuyen este incremento excepcional al temor de los migrantes a ser deportados por el gobierno de Donald Trump. Muchos connacionales en EE.UU. optaron por enviar la mayor cantidad posible de sus ahorros a Guatemala ante la incertidumbre de su permanencia allá. Este comportamiento “preventivo” impulsó las remesas a inicios de año, aunque no es sostenible a largo plazo según analistas, pues quienes envían dinero no tienen recursos ilimitados. De hecho, ya se observa una ligera normalización: la tasa de crecimiento de remesas bajó de ~21% a 16% hacia abril. Aun así, las proyecciones oficiales apuntan a que en 2025 las remesas alcancen otro máximo histórico de alrededor de US$22,800 millones (superior a los US$21,510 millones de 2024), equivalentes a cerca del 20% del PIB nacional. Este flujo masivo de divisas ha sido un pilar clave para la estabilidad económica: actualmente inyecta más dinero que las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera directa combinados. Sin embargo, su sostenibilidad enfrenta riesgos. Por un lado, si las deportaciones desde EE.UU. aumentan significativamente, miles de hogares perderían esa fuente de ingreso. Por otro lado, iniciativas como el impuesto a las remesas del 3.5% propuesto en EE.UU. podrían encarecer o desincentivar los envíos. De materializarse estas amenazas, se resentiría el consumo interno, el acceso a bienes básicos y la estabilidad financiera de comunidades enteras que dependen de las remesas, especialmente en el occidente rural.

Más allá de las remesas, la economía muestra señales mixtas. La inflación se mantuvo relativamente baja y estable en la primera mitad de 2025 – alrededor del 4% interanual o incluso por debajo del rango meta del Banco Central – gracias a una política monetaria prudente. En el primer trimestre, los precios de consumo masivo en Guatemala subieron apenas un 1.9%, lo que contrasta con los picos inflacionarios vividos en 2022 a raíz de shocks internacionales. Esta moderación inflacionaria ha ayudado a preservar algo del poder adquisitivo de los hogares. No obstante, el consumo interno dio muestras de desaceleración. Tras un 2024 muy dinámico (el consumo masivo regional creció +6.6% en valor), el arranque de 2025 fue más débil: en Guatemala, las ventas de bienes de consumo masivo en el primer trimestre cayeron -0.1% en valor y -1.5% en volumen frente al año previo. Es decir, las familias compraron menos productos en términos de cantidad, reflejando cautela y bolsillos apretados. Un estudio de Kantar Worldpanel confirma esta contracción en la canasta básica: durante el primer bimestre de 2025, el ticket de compra promedio bajó 6.1%, con las familias de nivel socioeconómico medio-bajo reduciendo su gasto casi -9%. La mayoría de hogares centroamericanos está ajustando sus presupuestos; casi un 30% “batalla para salir adelante” y arrastra deudas, aunque Guatemala resulta el país con menor proporción de hogares endeudados en la región. Las remesas han sido un importante alivio: alrededor del 30% de los hogares guatemaltecos reciben remesas del exterior, y en las zonas rurales ese porcentaje supera 35% de hogares (en algunos municipios, más de la mitad de las familias dependen de esos giros). Estos ingresos se destinan principalmente al consumo básico – mas del 70% se usa en alimentación, vivienda, transporte y servicios esenciales – por lo que han sostenido la demanda interna. Sin embargo, ante el actual contexto de deportaciones e incertidumbre migratoria, se anticipa un comportamiento más cauteloso: algunos hogares podrían empezar a ahorrar una mayor fracción de las remesas por precaución. En síntesis, el consumo privado – motor tradicional de la economía guatemalteca – se muestra frenado por la incertidumbre y la menor confianza de los consumidores. Aún se venden bienes de valor (los consumidores guatemaltecos no siempre optan solo por lo más barato, sino que buscan balancear precio y calidad, gastando 7 de cada 10 quetzales en marcas promedio o premium incluso en crisis), pero el volumen se resiente.

En cuanto a otros indicadores, la balanza comercial permanece deficitaria. Las exportaciones guatemaltecas han enfrentado vientos en contra en 2025, con una caída en rubros tradicionales (posiblemente en azúcar, café u otros) debido a menores precios internacionales y menor demanda externa. Esto ha limitado el crecimiento del PIB, restando impulso que por suerte ha sido compensado en parte por la robustez del mercado interno vía remesas. La inversión extranjera directa mostró cierta recuperación en 2024, y el gobierno proyecta aumentarla aprovechando la estabilidad macro, aunque persisten desafíos estructurales para atraer grandes inversiones. En política fiscal, se aprobó y ejecuta el presupuesto 2025 con un aumento importante en gasto social e inversión pública. El presidente Arévalo logró que el Congreso (a pesar de su fragmentación) aprobara un presupuesto expansivo de Q115 millardos para 2025, con énfasis en salud, educación e infraestructura. Esto busca dinamizar la economía local y atender brechas sociales, aunque implicará un déficit fiscal moderado financiado con deuda a tasas manejables. La moneda (quetzal) se ha mantenido estable y fuerte frente al dólar, respaldada por el alto ingreso de divisas (remesas) y reservas internacionales saludables en el Banco de Guatemala. Por su parte, la tasa de interés líder se mantiene prudente, vigilando no sofocar el crédito: de hecho, la expansión crediticia al sector privado (aprox. +12% anual) está siendo un factor positivo para la actividad.

Para la industria alimentaria y de empaques, este entorno económico presenta retos y oportunidades. El sector de alimentos y bebidas representa alrededor del 6% del PIB guatemalteco y genera unos 200 mil empleos directos (500 mil indirectos), por lo que cualquier variación en el consumo se siente en sus ventas. La reciente contracción del consumo masivo obliga a empresas de alimentos a ajustar estrategias: muchas han reportado que los consumidores están comprando presentaciones más pequeñas o espaciando sus compras, y se observa una búsqueda de mayor valor por dinero. No obstante, categorías como bebidas (incluyendo alcohólicas y no alcohólicas) mostraron resiliencia e incluso crecimiento en ventas durante este periodo, indicando que los guatemaltecos mantienen ciertos gastos “inelásticos” o de preferencia incluso en austeridad. En contraste, otros rubros alimenticios podrían haber sufrido caídas. La desaceleración en exportaciones también toca a la agroindustria: por ejemplo, menores precios del café, azúcar u otros productos restan ingresos a las empresas y agricultores, impactando la cadena de empaque y exportación. Por otro lado, el abaratamiento de algunas materias primas importadas (derivado de una inflación global más baja) podría aliviar costos de producción, por ejemplo en insumos de empaque como resinas plásticas o cartón. En general, las empresas de alimentos y empaques navegan en 2025 con cautela, enfocándose en eficiencia y en adaptarse a un consumidor más prudente en sus gastos. Las perspectivas económicas de mediano plazo se mantienen positivas pero moderadas: organismos internacionales como el FMI prevén que Guatemala sea de las economías de mayor crecimiento en Centroamérica en 2025 (~4% según FMI), aunque ese dinamismo dependerá de factores externos (migración, EUA) y de la habilidad del país para convertir remesas en inversión productiva.

Social

La situación social de Guatemala en el primer semestre de 2025 sigue marcada por profundas brechas, aunque con algunos indicios de mejoría y dinámicas nuevas. La pobreza y la desigualdad continúan siendo desafíos enormes: 57.3% de la población vivía en pobreza en 2024 según el Banco Mundial, una de las tasas más altas de Latinoamérica, y apenas se proyecta una leve reducción a 57.2% en 2025. La mayoría de los pobres se concentran en áreas rurales e indígenas, reflejando disparidades étnicas y geográficas persistentes. La informalidad laboral ronda el 80% según el Banco Mundial, lo que significa que millones de guatemaltecos carecen de ingresos estables y protección social. Esto limita su capacidad de mejorar su nivel de vida y los deja muy vulnerables ante cualquier choque económico o climático. Un dato preocupante es la desnutrición crónica infantil, que sigue afectando aproximadamente a la mitad de los niños guatemaltecos, especialmente en comunidades indígenas. Aunque el gobierno ha prometido abordar este flagelo con más inversión en nutrición, los avances son lentos. Durante los primeros meses de 2025, no se reportaron grandes mejoras en indicadores sociales como empleo formal o acceso a servicios básicos – cambios en estos aspectos requieren más tiempo – pero sí se sentó las bases de algunos programas sociales focalizados.

Un factor social crítico para Guatemala es la migración. En la última década, cientos de miles de guatemaltecos han emigrado, principalmente a Estados Unidos, huyendo de la falta de oportunidades y la violencia. En años recientes ese éxodo se convirtió prácticamente en un “válvula de escape” social y económico. Sin embargo, desde fines de 2023 e inicios de 2024 la migración irregular mostró señales de desaceleración. Hubo varios motivos: primero, el cambio de gobierno generó cierta esperanza interna y llamados a “quedarse a construir el país”; segundo, las restricciones más severas en la frontera sur de EE.UU. (tanto bajo la administración Biden con el fin del Título 42 en 2023, como ahora con Trump retomando políticas duras) desincentivan los intentos de cruce; tercero, Costa Rica y México han endurecido también sus controles, frenando en tránsito a algunos migrantes. Así, aunque la migración continúa, las cifras de guatemaltecos detenidos en la frontera de EE.UU. no crecieron exponencialmente a inicios de 2025, e incluso retornaron menos compatriotas deportados en enero (4,012 personas) frente a enero 2024 (9,201). Esto indica que temporalmente menos guatemaltecos intentaron el viaje o lograron llegar. No obstante, la situación sigue delicada: en total, 76,768 guatemaltecos fueron deportados en 2024 (88% desde EE.UU. y 12% desde México), y cada vuelo de retorno trae personas con serios desafíos de reinserción. Muchos migrantes retornados llegan endeudados (por los coyotes), sin ahorros y a las mismas comunidades pobres de donde salieron. La llegada de cientos o miles de deportados en 2025 podría tensar aún más el tejido social local, incrementando el desempleo y la frustración en zonas rurales. A falta de oportunidades, no son pocos los deportados que consideran intentar migrar nuevamente, alimentando un ciclo migratorio forzado difícil de romper. Por otro lado, las remesas que envían los migrantes han elevado las condiciones de vida de muchas familias receptoras – mejorando viviendas, acceso a educación y capital para pequeños negocios – pero también han aumentado la dependencia. En algunos departamentos del occidente, el dinero de remesas equivale a varios múltiplos de lo que generan en salarios locales (ejemplo: en Totonicapán, los Q3,959 millones recibidos en remesas en 2023 superaron 13.5 veces la masa salarial formal reportada al IGSS). Esto refleja la escasez de empleo decente local y explica por qué la migración es vista por muchos como única salida económica. El gobierno lanzó a mediados de 2025 un programa de “Remesas productivas 2×1” para canalizar parte de esos fondos a proyectos comunitarios, buscando reducir la dependencia de la pura asistencia familiar, aunque está en fases iniciales.

En términos de dinámica demográfica, Guatemala sigue teniendo una población mayoritariamente joven (mediana de edad aproximada de 24 años) y en crecimiento. Ese “bono demográfico” es una oportunidad, pero también un riesgo si no se generan empleos. Cada año decenas de miles de jóvenes entran al mercado laboral con aspiraciones que a menudo se ven frustradas por la falta de plazas formales. Algunos terminan engrosando la migración o el sector informal. A nivel urbano, la Ciudad de Guatemala y áreas metropolitanas continúan expandiéndose; problemas como asentamientos precarios, tráfico vehicular y contaminación del aire siguen presentes. Hubo algunas protestas sociales focales en abril de 2025: por ejemplo, colectivos de estudiantes y profesionales de salud reclamaron mayor presupuesto para universidades y hospitales (hubo manifestaciones pacíficas frente al Congreso). También comunidades indígenas de El Estor, Izabal, protestaron contra la contaminación minera en el lago, demandando cumplimiento de consultas comunitarias. Estas expresiones, aunque no masivas, reflejan la persistencia de reclamos por servicios públicos y medio ambiente.

Un dato positivo en el ámbito social ha sido la continua reducción de la violencia homicida en el país. La tasa de homicidios de Guatemala, que hace una década era de las más altas del mundo (45.6 por 100 mil habitantes en 2009), ha caído a mínimos históricos. En 2024 bajó a 16.1 por 100 mil, incluso por debajo de la tasa de Costa Rica, un país tradicionalmente más seguro. Los primeros meses de 2025 mantuvieron esta tendencia a la baja en asesinatos. Esto significa miles de vidas salvadas en comparación con años anteriores. Varios factores contribuyen: el fin de la guerra entre pandillas grandes, mejores métodos policiales en prevención, iniciativas comunitarias de mediación de conflictos, e incluso la emigración de individuos proclives a violencia. No obstante, otros delitos persisten. La extorsión por parte de maras sigue azotando a comerciantes, transportistas y familias en áreas urbanas; muchos pequeños negocios operan bajo temor o pagando “protección”. También el narcotráfico y crimen organizado mantienen presencia, especialmente en zonas fronterizas del norte (Petén) y oriente, con implicaciones en seguridad local. A inicios de 2025 hubo incidentes como la incautación de varios cargamentos de droga en rutas del Pacífico, señal de la actividad continua de carteles transnacionales. En respuesta, el gobierno intensificó la cooperación con países vecinos: en junio Arévalo y México acordaron reforzar la seguridad fronteriza conjunta tras un incidente donde policías mexicanos incursionaron sin autorización en territorio guatemalteco persiguiendo traficantes. Socialmente, la disminución de homicidios genera algo de alivio y mejora la percepción de seguridad, pero la gente común aún lidia con problemas cotidianos de inseguridad ciudadana y justicia débil.

En resumen, en lo social Guatemala avanza lentamente en algunos frentes (menos violencia extrema, ligero aumento en inversión social), mientras arrastra problemas crónicos de pobreza, migración por necesidad, desigualdad y servicios públicos deficientes. La fuerte dependencia en las remesas refleja la precariedad de la economía local para sostener a su propia población. Las políticas públicas de 2025 buscan atender estas raíces (por ejemplo, ampliando transferencias condicionadas, aumentando salario mínimo en maquilas, etc.), pero los frutos se verán a mediano plazo. En el mientras tanto, las redes familiares transnacionales y la resiliencia comunitaria siguen siendo el sostén principal de millones de guatemaltecos.

Tecnológico

El entorno tecnológico de Guatemala en 2025 presenta un rezago importante en conectividad, pero también esfuerzos crecientes por cerrar la brecha digital e impulsar la innovación. El país cuenta con baja penetración de internet en comparación con sus vecinos: solo alrededor del 55% de la población tiene acceso a internet. La brecha es sobre todo geográfica y socioeconómica – en las zonas rurales más del 60% de habitantes carecen de conexión regular, y apenas 11% de las escuelas públicas del país están conectadas a la red. Esta desconexión profundiza las desigualdades en educación, acceso a información, oportunidades de empleo y hasta seguridad, dejando a comunidades enteras en desventaja en la era digital. Consciente de ello, el gobierno a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) lanzó en Tech Week Guatemala 2025 un ambicioso Plan Nacional de Conectividad Digital. Dicho plan contempla inversiones en infraestructura (fibra óptica, torres celulares), programas de alfabetización digital y soluciones tecnológicas innovadoras para llegar a áreas remotas. Entre las propuestas se incluye aprovechar satélites de órbita baja tipo Starlink para llevar internet a comunidades alejadas, utilizar la infraestructura de proveedores locales existentes de forma más eficiente, e incluso estudiar la creación de un proveedor estatal de internet enfocado en servicios públicos esenciales. Estas medidas, de concretarse, podrían acelerar la inclusión digital y con ello detonar efectos positivos en economía y desarrollo humano – el acceso a internet suele correlacionar con mayor crecimiento de microempresas, educación en línea y mejora en servicios de salud según datos de la UIT y Banco Mundial. No obstante, los desafíos son de escala: requerirán una fuerte coordinación público-privada y fondos considerables. En 2025 se han visto algunas iniciativas piloto exitosas, como redes wifi comunitarias instaladas en aldeas de Sololá, programas de capacitación digital para mujeres en San Marcos, y enlaces satelitales llevando internet a escuelas rurales de Quiche. Estos proyectos, fruto de alianzas entre gobierno, ONGs y empresas, sirven de modelo a replicar a mayor escala.

En cuanto a la innovación tecnológica y adopción empresarial, Guatemala está dando pasos aunque todavía moderados. En febrero de 2025 se celebró en Ciudad de Guatemala el Innovation & Technology ExpoCongreso 2025, reuniendo a líderes de la industria tecnológica regional para intercambiar conocimientos y mostrar tendencias emergentes. Temas como inteligencia artificial (IA), análisis de datos, comercio electrónico y ciberseguridad estuvieron en la agenda, reflejando el interés de empresas guatemaltecas en subirse a la ola digital. De hecho, expertos locales señalan que “todas las tendencias tecnológicas para 2025 apuntan hacia la IA”, y ya varias corporaciones en el país exploran aplicaciones de inteligencia artificial en optimización de procesos, atención al cliente mediante chatbots, o análisis de mercado. No obstante, la inversión en I+D (investigación y desarrollo) sigue siendo muy baja (menos del 0.05% del PIB) y la mayoría de empresas aún operan con tecnologías tradicionales. El ecosistema fintech y de startups tecnológicas está en crecimiento, con nuevos emprendimientos en pagos móviles, créditos en línea y soluciones agrícolas digitales emergiendo gracias a aceleradoras y fondos internacionales pequeños. El uso de smartphones sí se ha masificado: se estima que más del 90% de los adultos tienen acceso a un teléfono móvil, lo que ha permitido que servicios fintech (como billeteras electrónicas tipo Tigo Money o VisaNet) se expandan, mejorando la inclusión financiera gradualmente.

La industria de alimentos y empaques también se ve influenciada por tendencias tecnológicas globales. Por un lado, existe una creciente conciencia sobre sostenibilidad y economía circular, lo cual motiva a empresas de empaques a explorar materiales biodegradables, envases retornables y procesos más eficientes. Si bien Guatemala aún no impone regulaciones estrictas en este campo (como se comenta en el apartado Legal, la prohibición de plásticos de un solo uso quedó en suspenso), las compañías más grandes del sector están anticipando cambios futuros y atendiendo demandas de consumidores más jóvenes que prefieren productos con empaque ecológico. Algunas empresas alimentarias locales han invertido en automatización de plantas y control de calidad digital: por ejemplo, fábricas de bebidas y lácteos han implementado sensores IoT para monitorear la cadena de producción en tiempo real, mejorando la productividad y reduciendo desperdicios. En logística, el auge del comercio electrónico pospandemia llevó a que supermercados y restaurantes incursionaran en plataformas de delivery y ventas en línea – aunque el volumen de e-commerce en Guatemala sigue rezagado respecto a otros países, se notó un incremento continuo en 2024-25. Tecnologías agrícolas también cobran relevancia: se están difundiendo aplicaciones móviles de asistencia a agricultores (para pronósticos del clima, precios de mercado, etc.) y pilotos de agricultura de precisión (por ejemplo, uso de drones en fincas de azúcar). En resumen, el panorama tecnológico guatemalteco de 2025 es de contrastes: por un lado, grandes segmentos de la población y PYMEs aún están fuera de la era digital; por otro, hay una agenda incipiente de transformación digital, con eventos, políticas y esfuerzos concretos para modernizar el país. Cerrar la brecha digital es visto cada vez más como condición para la competitividad futura y el bienestar social, y 2025 ha sido un año de diagnóstico claro de esa urgencia y de primeros pasos firmes hacia un país más conectado.

Ambiental

Impactos climáticos: Guatemala enfrenta una situación ambiental delicada en 2025, caracterizada por una alta vulnerabilidad al cambio climático y retos en la gestión de sus recursos naturales. El país figura consistentemente en índices globales (como el Climate Risk Index de Germanwatch) entre las naciones con mayor riesgo ante eventos climáticos extremos. Los últimos años han confirmado esta vulnerabilidad: patrones meteorológicos erráticos han causado tanto sequías severas como lluvias e inundaciones repentinas. En 2023-2024 se presentó el fenómeno de El Niño, que trajo lluvias por debajo de lo normal en amplias zonas del Corredor Seco centroamericano. Las consecuencias han sido graves para la seguridad alimentaria. Según un estudio del Programa Mundial de Alimentos, 486,000 habitantes del Corredor Seco (que atraviesa Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua) fueron afectados por sequía severa entre abril y noviembre de 2023. En Guatemala, el Ministerio de Agricultura reportó que 360,000 hectáreas en el Corredor Seco del país (36% de los departamentos) sufrieron pérdidas de cultivos por la falta de lluvias asociada a El Niño. Comunidades rurales en áreas como Chiquimula, Zacapa, El Progreso y Baja Verapaz vieron cómo sus cosechas de maíz y frijol (cultivos de subsistencia básicos) se redujeron drásticamente o se perdieron por completo. Esto agravó la inseguridad alimentaria: para marzo de 2024 se estimaba que entre 1.7 y 2.7 millones de personas en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua necesitarían asistencia alimentaria de emergencia debido a la sequía. Durante el primer semestre de 2025, las condiciones climáticas continuaron irregulares. La temporada seca se prolongó más de lo habitual en algunas regiones, retrasando las siembras de primera. Campesinos del oriente y la Franja Transversal del Norte relatan que “ya no se sabe cuándo lloverá”: ha llovido fuera de temporada y cuando llega la lluvia, viene en forma de tormentas intensas en periodos cortos. Por ejemplo, pobladores q’eqchi’ de Panzós (Alta Verapaz) llevan cuatro años consecutivos con pérdidas en sus cultivos; en 2024 sufrieron inundaciones por lluvias extremas a mitad de año, y luego una sequía prolongada hasta junio. Esta combinación de lluvias torrenciales e intervalos secos prolongados – atribuible al cambio climático – está degradando las tierras agrícolas: las inundaciones erosionan el suelo y depositan arena y lodo (como ocurrió tras las tormentas Eta e Iota en 2020), mientras las sequías reducen los rendimientos dramáticamente (agricultores reportan obtener solo 1 quintal de maíz donde antes cosechaban 4).

El impacto ambiental tiene claras repercusiones socioeconómicas. La pérdida de cosechas por sequía o lluvia deja a miles de familias campesinas sin alimentos ni ingresos, obligando a algunas a depender de asistencia o incluso a migrar. De hecho, la migración interna desde el Corredor Seco hacia la capital u otras ciudades ha aumentado, al igual que la migración internacional “forzada” por razones climáticas (hay comunidades enteras del oriente donde muchos jóvenes emigran porque la tierra ya no produce lo suficiente). Las autoridades guatemaltecas han implementado en 2025 acciones de adaptación anticipatoria con apoyo internacional – por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) activó en marzo mecanismos de ayuda anticipada entregando transferencias a familias en riesgo antes de que golpee la peor época de carestía. Sin embargo, estos esfuerzos paliativos apenas cubren una fracción de los necesitados. Por su parte, la temporada de huracanes 2025 apenas comenzaba en junio (Atlántico inicia en junio, Pacífico en mayo), y afortunadamente hasta finales de junio no se había formado ningún ciclón de gran impacto sobre territorio guatemalteco. Aun así, las autoridades de protección civil (CONRED) se prepararon con simulacros y mapas de riesgo actualizados, sabiendo que un solo huracán puede revertir avances. Cabe recordar que en 2020 las tormentas consecutivas Eta e Iota afectaron a más de 1 millón de guatemaltecos, por lo que cualquier nueva tormenta sería devastadora para comunidades que aún no se recuperan del todo.

En cuanto a la gestión ambiental y regulatoria, Guatemala tiene pendientes importantes. Uno de ellos es el manejo de residuos y contaminación plástica. En 2019 se aprobó un acuerdo gubernativo (189-2019) para prohibir gradualmente los plásticos de un solo uso – bolsas, pajillas, contenedores de estirofoam, etc. – dando un plazo de 2 años para transición a materiales compostables. Sin embargo, este reglamento nunca llegó a implementarse plenamente. A inicios de 2020, el nuevo gobierno entrante lo calificó de “improvisado” y con posibles inconstitucionalidades, suspendiendo su aplicación. Finalmente, la administración de Alejandro Giammattei derogó la prohibición de plásticos antes de que entrara en vigor. En consecuencia, para 2025 Guatemala no cuenta con una legislación nacional efectiva que limite los plásticos descartables, a diferencia de varios países vecinos. Esto se refleja en problemas ambientales visibles: ríos como el Motagua arrastran toneladas de basura plástica hacia el Caribe, afectando incluso a Honduras (que ha protestado por la contaminación proveniente de Guatemala). La ausencia de una política de manejo de desechos robusta mantiene altos niveles de contaminación en ríos, lagos y mares, con impactos en ecosistemas y pesca. El gobierno de Arévalo ha indicado su intención de retomar el tema con un enfoque más “técnico”; en abril 2025 el Ministerio de Ambiente anunció la elaboración de una Estrategia Nacional de Economía Circular, aunque aún sin medidas concretas de prohibición.

Otro desafío es la deforestación, especialmente en la región de la biosfera Maya (Petén) y zonas montañosas del oriente. Cada año Guatemala pierde miles de hectáreas de bosques por tala ilegal, expansión agrícola y ganadera, y actividades del narcotráfico (narco-ranchos). En 2024 hubo incendios forestales extensos en la Reserva de la Biósfera Maya; el verano 2025 inició con focos de incendios en Petén y Sierra de las Minas, llevando al gobierno a declarar estados de calamidad locales para movilizar recursos. No obstante, la capacidad de respuesta sigue limitada: bomberos forestales y comunidades hacen lo posible, pero carecen de equipo suficiente. La degradación ambiental también se nota en la calidad del aire urbano (la Ciudad de Guatemala sufre smog en época seca) y la contaminación de fuentes de agua por desechos industriales y aguas residuales sin tratar. En el aspecto institucional, el Ministerio de Ambiente (MARN) resolvió más denuncias ambientales en 2024 que años previos (670 denuncias atendidas), lo cual es un dato positivo, pero el marco legal ambiental sigue débil y a menudo supeditado a intereses económicos.

Finalmente, cabe destacar que la sociedad civil y comunidades indígenas continúan jugando un rol activo en la protección ambiental. En 2025, autoridades ancestrales mayas en distintas regiones elevaron denuncias de criminalización por parte del Ministerio Público debido a su oposición a proyectos extractivos. Persisten conflictos socio-ambientales, por ejemplo alrededor de la mina de níquel en El Estor (Izabal) y proyectos hidroeléctricos en Alta Verapaz, donde comunidades exigen consultas previas y mitigación de daños ambientales. Estas tensiones evidencian la necesidad de conciliar desarrollo económico con sostenibilidad ambiental y respeto a derechos indígenas.

En conclusión, el panorama ambiental de Guatemala en este semestre ha estado marcado por eventos climáticos extremos que afectan directamente a la población (sequías, lluvias atípicas), y por la continuidad de problemas estructurales (deforestación, gestión de residuos insuficiente). Aunque el país aporta mínimamente a las emisiones globales de gases invernadero, es de los que más sufre el cambio climático. Fortalecer la resiliencia ante desastres, proteger los bosques y agua, e implementar políticas ambientales modernas son tareas urgentes para garantizar un desarrollo sostenible en las próximas décadas.

Legal

En el ámbito legal y regulatorio, el período enero-junio de 2025 estuvo caracterizado por avances puntuales en legislación económica, continuidades en materia institucional, y desafíos en el Estado de derecho. Uno de los hitos fue la aprobación e inicio de implementación de la Ley de Competencia (antimonopolio). Guatemala era el único país de Centroamérica sin una ley antimonopolio, pero el nuevo gobierno impulsó esta normativa para fomentar la competencia leal en los mercados. La ley, sancionada por el presidente Arévalo en diciembre 2024, entró en vigor en 2025 creando una autoridad nacional de competencia encargada de prevenir prácticas monopólicas y concentraciones empresariales anticompetitivas. Esto es especialmente relevante en sectores como telecomunicaciones, energía y alimentos, donde tradicionalmente pocos grupos dominaban. La implementación inicial de la ley antimonopolio ha sido bien recibida por organismos internacionales como la OCDE, aunque tomará tiempo ver casos concretos y sanciones. Asimismo, el Congreso aprobó a finales de 2024 reformas al marco de contratación de obra pública e infraestructura, buscando agilizar proyectos estratégicos. Estas reformas legales pretenden eliminar trámites burocráticos y dar certeza jurídica a inversionistas, con la esperanza de mejorar la ejecución de obra pública (históricamente lenta por amparos y procedimientos engorrosos).

Por otro lado, no hubo mayores cambios legales laborales, tributarios ni financieros en la primera mitad de 2025. El código laboral se mantuvo sin reformas sustantivas (aunque hubo discusión de elevar sanciones a la informalidad, no prosperó legislativamente). En materia fiscal, el gobierno Arévalo planteó una política de mejorar la administración tributaria más que subir impuestos; se fortaleció la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en fiscalización, logrando aumentar la recaudación en aproximadamente 10% en el primer cuatrimestre 2025 respecto al año anterior, según datos oficiales. El sistema de justicia, en cuanto a independencia judicial, sigue en entredicho. Continuaron los procesos legales cuestionados contra actores anticorrupción: por ejemplo, en febrero 2025 se dictó sentencia contra el periodista José Rubén Zamora (caso iniciado en 2022), lo que grupos de derechos humanos califican de persecución a la prensa crítica. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) permanece prácticamente desmantelada tras la salida de su exfiscal en 2021, y la mayoría de casos de alto perfil contra exfuncionarios corruptos han sido archivados o reducidos. En ese sentido, aunque el Ejecutivo promueve el discurso anti-corrupción, en la práctica el poder judicial y el Ministerio Público siguen controlados por fuerzas conservadoras. Esto crea un entorno legal incierto para el combate a la corrupción: las leyes existen (por ejemplo, la Ley de Servicio Civil, Ley de Compras y Contrataciones, etc.), pero su aplicación es inconsistente.

En materia de marco legal para inversiones y comercio, Guatemala mantiene su adhesión a tratados internacionales como el DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio RD-Centroamérica-EE.UU.) y acuerdos con la OMC, que proveen estabilidad a las reglas del juego para empresas exportadoras e importadoras. La continuidad de estos acuerdos no se vio afectada en la primera mitad de 2025. Incluso con el cambio de gobierno en EE.UU., no hubo indicios de renegociación del CAFTA; las disputas comerciales puntuales (como las cuotas de azúcar o reglas de origen textiles) se manejan bajo los mecanismos existentes. Esto es importante para la industria de alimentos y de envases, que depende de la certeza en aranceles y normativas fitosanitarias para exportar sus productos. Por el lado de la integración regional, Guatemala sigue avanzando lentamente en la unión aduanera centroamericana: en marzo 2025 implementó junto a El Salvador y Honduras un sistema piloto de tránsito aduanero ágil para ciertos productos, reduciendo tiempos de frontera, lo cual beneficia al comercio.

Desde la perspectiva de regulaciones sectoriales, cabe resaltar el vacío legal que quedó tras la no implementación de la normativa de plásticos de un solo uso. Al estar derogado el acuerdo 189-2019, las empresas de empaques y comercios minoristas no enfrentan prohibiciones específicas sobre bolsas plásticas o duroport a nivel nacional (solo algunas municipalidades, como San Pedro La Laguna, mantienen vetos locales a plásticos). Esto significa que el marco regulatorio ambiental en esa materia es laxo, permitiendo continuar las prácticas habituales de empaque. Para la industria de envases, esto otorga certeza de corto plazo – no han tenido que invertir obligatoriamente en materiales alternativos – pero anticipando tendencias globales, muchas compañías están adoptando voluntariamente estándares internacionales de sostenibilidad para estar preparadas. En inocuidad alimentaria, Guatemala ha ido actualizando normativas técnicas para alinearse con el Codex Alimentarius y exigencias de exportación. Durante el semestre se emitieron un par de acuerdos ministeriales sobre etiquetado nutricional y fortificación de alimentos, aunque de impacto modesto. No se ha legislado aún, por ejemplo, un etiquetado frontal de advertencia para alimentos altos en azúcar o sodio (medida adoptada en México, Chile, etc.), pero está en discusión en comisiones del Congreso bajo la presión de asociaciones de consumidores.

Finalmente, en Estado de Derecho, el país vive una dualidad: por un lado, el gobierno central promueve valores democráticos (Arévalo habla de una “primavera democrática” con rescate institucional), pero por otro, persisten prácticas que socavan la justicia y los pesos y contrapesos. Un ejemplo fue la juramentación, en mayo 2025, de un nuevo magistrado en la Corte de Constitucionalidad señalado de cercanía al pacto de corruptos; la sociedad civil mostró preocupación por la independencia de la máxima corte. Sin embargo, también hubo señales alentadoras: la Corte de Constitucionalidad falló en abril a favor de garantizar la autonomía universitaria en la USAC, y frenó temporalmente una iniciativa de ley que buscaba limitar las protestas sociales. Estas resoluciones sugieren que, aunque bajo presión, aún hay resquicios de institucionalidad funcionando.

En conclusión, el entorno legal guatemalteco en la primera mitad de 2025 tuvo algunos avances económicos (ley antimonopolio, reformas pro-inversión) y mantuvo la estabilidad de reglas para los negocios, pero afronta retos significativos en la aplicación de la justicia y la lucha contra la corrupción. La predictibilidad legal es crucial para el clima de inversión: en ese sentido, se valora que no hubo “sorpresas” negativas (nuevos impuestos agresivos ni controles estatistas) en este periodo. Las empresas de alimentos, comercio y empaques operan bajo un marco legal bastante pro-empresa y abierto, si bien en ocasiones poco exigente en estándares ambientales o laborales. A futuro, la eficacia de las nuevas leyes aprobadas y el fortalecimiento del Estado de derecho serán determinantes para que Guatemala pueda traducir su estabilidad macro en un desarrollo más incluyente y sostenible.

Conclusión

Durante el período enero-junio de 2025, el entorno nacional de Guatemala ha mostrado una combinación de avances, desafíos persistentes y factores emergentes que condicionan su trayectoria. En el plano político, se han evidenciado tensiones institucionales; en lo económico, una estabilidad sostenida por factores externos como las remesas; y en lo social, la continuidad de brechas estructurales que demandan atención sostenida. La dimensión tecnológica ha evidenciado progresos incipientes en inclusión digital, mientras que en el ámbito ambiental persisten vulnerabilidades significativas frente al cambio climático. Legalmente, se han dado pasos puntuales hacia la modernización regulatoria, aunque subsisten retos en materia de gobernanza y justicia.

Este diagnóstico no pretende agotar la complejidad de los temas tratados, sino ofrecer un punto de partida para comprender el entorno actual de Guatemala desde una óptica multidimensional. La evolución de cada uno de estos factores dependerá de múltiples variables internas y externas en los próximos meses. Será clave que actores públicos, privados y sociales continúen observando y evaluando estos aspectos con objetividad, a fin de apoyar decisiones informadas, pertinentes y alineadas con un desarrollo sostenible e inclusivo para el país.

Referencias

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Publicado por DENIS TOLEDO

Máster en Sistemas Integrados de Gestión, ingeniero industrial y MBA con 22 años impulsando liderazgo y excelencia operativa. Padre comprometido. En este blog traduzco mi experiencia profesional y familiar en ideas prácticas sobre liderazgo, desarrollo personal, calidad, inocuidad, medio ambiente, ESG, gestión de riesgos y ciberseguridad, para ofrecerte una visión integral del éxito.

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