Curso SMETA 7 – Requisito 10.A: Medio Ambiente (2 Pilares)

Introducción

El requisito 10.A de SMETA 7.0, referido al Medio Ambiente (2 Pilares), establece los criterios básicos de desempeño ambiental que deben cumplirse en una auditoría SMETA de 2 pilares. En una auditoría 2-Pillar, los pilares obligatorios son Normas Laborales y Salud y Seguridad, pero las empresas pueden incluir voluntariamente la evaluación ambiental (y ética empresarial) como elementos adicionales. El apartado 10.A se enfoca en asegurar el cumplimiento legal ambiental y ciertos controles fundamentales en el sitio auditado, aunque no es tan exhaustivo como el pilar ambiental completo de 4 pilares. Aun así, para muchas cadenas de suministro actuales, la gestión ambiental básica es indispensable, ya que compradores internacionales exigen a sus proveedores mínimos de desempeño ambiental y cumplimiento normativo.

En esta guía, dirigida a implementadores empresariales de SMETA 7 y a interesados en cumplimiento social, profundizaremos en cada subrequisito de 10.A (10.A.A, 10.A.B, 10.A.C y 10.A.D). Cada capítulo incluye:

Explicación detallada del subrequisito, aclarando su alcance y propósito.
Principales “Issue Titles” asociados según SMETA 7, es decir, los hallazgos típicos o categorías de incumplimiento que los auditores buscan bajo ese subrequisito.
Ejemplos reales de cumplimiento e incumplimiento en empresas de Guatemala, Centroamérica y México, con énfasis en manufactura industrial (p. ej. fábricas de envases de papel y plástico para alimentos) y notas sobre servicios y agricultura.
Errores comunes no intencionales que suelen cometer las empresas en ese aspecto, a pesar de su buena fe, y que pueden conducir a no conformidades en auditorías.
Recomendaciones y buenas prácticas para asegurar el cumplimiento durante auditorías SMETA, combinando enfoques académicos y técnico-prácticos. Se incluyen referencias confiables (OIT, Sedex, ONU, OSHA, etc.) para respaldar las recomendaciones.

El estilo busca un equilibrio entre lo académico (normativas, estándares) y lo práctico (ejemplos de campo, consejos implementables). Cabe señalar que, aunque SMETA no exige certificaciones formales como ISO 14001, sí espera que el sitio tenga un sistema básico para gestionar sus obligaciones ambientales. Los implementadores en sectores industriales, de servicios o agrícolas encontrarán a continuación una hoja de ruta para comprender y cumplir con cada aspecto del requisito 10.A de SMETA 7, fortaleciendo así el desempeño ambiental de sus operaciones y su aceptación en mercados globales cada vez más exigentes.

Disclaimer

Este artículo es una interpretación personal y no tiene ninguna relación oficial con SEDEX ni con el esquema SMETA. Ha sido desarrollado de manera independiente con el propósito de orientar y formar a profesionales, empresas y lectores interesados en las auditorías éticas, basándome en mi análisis y experiencia. SEDEX es el propietario exclusivo de SMETA, y la información oficial, completa y veraz sobre SMETA 7 solo se encuentra en los documentos y recursos publicados directamente por SEDEX (www.sedex.com). Recomiendo encarecidamente consultar siempre las guías oficiales de SEDEX para garantizar el cumplimiento y la precisión en cualquier aplicación práctica. Al leer este artículo, el lector comprende que refleja únicamente mi perspectiva personal y no pretende, bajo ninguna circunstancia, representar, modificar o afectar la posición, directrices o reputación de SEDEX. Mi objetivo es contribuir al entendimiento general de los requisitos de SMETA de forma educativa y accesible.

¡Gracias por visitar mi blog y por tu interés en el cumplimiento ético!

10.A.A – Mantenerse al tanto de las leyes ambientales aplicables y procesos de actualización

Explicación: El subrequisito 10.A.A de SMETA 7.0 establece: “Mantenerse al tanto de las leyes ambientales locales, regionales y nacionales relacionadas con el sitio, y tener procesos claros sobre cómo se actualizan y comunican estas leyes.”. En esencia, esto exige que la empresa identifique y conozca todas las normas ambientales vigentes que le aplican, que permanezca informada de cualquier cambio o nueva regulación, y que disponga de mecanismos para actualizar dicha información y difundirla internamente a las personas relevantes.

Este requerimiento está alineado con buenas prácticas internacionales de gestión ambiental. Por ejemplo, la norma ISO 14001 enfatiza la necesidad de que las organizaciones determinen y tengan acceso a los requisitos legales aplicables en materia ambiental y otros compromisos, manteniéndolos actualizados y documentados. En términos prácticos, cumplir 10.A.A implica que la empresa cuente con un “registro de requisitos legales ambientales” o procedimiento equivalente. Dicho registro debe listar todas las leyes, reglamentos, ordenanzas y requisitos gubernamentales ambientales pertinentes (desde leyes nacionales hasta normas municipales) que aplican a sus operaciones, productos y servicios.

Además, la organización debe establecer cómo monitorea y actualiza ese registro. Esto puede incluir suscribirse a boletines oficiales, revisar periódicamente diarios oficiales o páginas web de autoridades ambientales, participar en asociaciones industriales que avisan cambios normativos, o contratar consultores jurídicos ambientales. Lo importante es que exista una metodología documentada: quién monitorea, con qué frecuencia, cómo se analizan los cambios legales y cómo se implementan. Igualmente, SMETA espera que estos cambios se comuniquen internamente. Es decir, si aparece una nueva ley ambiental relevante, la empresa no solo la agrega a su listado sino que informa a las áreas afectadas (producción, mantenimiento, EHS, etc.) y adapta procedimientos si es necesario.

¿Por qué es crucial este subrequisito? Porque el incumplimiento ambiental a menudo ocurre no por mala fe, sino por desconocimiento o desactualización. Las leyes ambientales pueden cambiar con frecuencia – por ejemplo, nuevas normas de emisiones, límites más estrictos de vertidos, requisitos de reportes anuales, prohibición de ciertos químicos, etc. Si la empresa no se entera a tiempo, podría seguir operando bajo parámetros obsoletos y acumular incumplimientos. Un auditor SMETA 7 evaluará este punto revisando evidencia de que el sitio tiene identificado su universo legal aplicable y un proceso efectivo para mantenerse al día. Incluso si en la auditoría no se detectan violaciones puntuales, la ausencia de un sistema preventivo (como este) se considera un riesgo. De hecho, la propia guía de Sedex indica que en la evaluación ambiental de 2 pilares el auditor debe verificar si el sitio “cumple con las leyes ambientales locales aplicables”, lo cual presupone que la empresa las conoce y monitorea.

En resumen, 10.A.A exige proactividad: que la empresa sepa qué cumplir, antes de que alguien se lo señale. Supone pasar de una postura reactiva (enterarse de la ley solo tras una multa o inspección) a una postura preventiva (saber de antemano qué se debe hacer y actualizarse continuamente). Un desempeño sólido en 10.A.A sienta las bases para cumplir todo el requisito 10.A, ya que difícilmente se podrán obtener permisos, evitar sanciones o satisfacer estándares de clientes (subrequisitos siguientes) si la organización no conoce primero cuáles son sus obligaciones ambientales.

Principales Issue Titles asociados a 10.A.A

En la terminología de SMETA, los “Issue Titles” son los títulos de hallazgos o categorías de incumplimiento que suelen registrarse cuando un requisito no se cumple. Para 10.A.A, el foco está en deficiencias en la gestión de la información legal ambiental. Los principales issue titles asociados incluyen:

Falta de proceso para actualizaciones legales: “El sitio no cuenta con procesos o estos son inadecuados para gestionar las actualizaciones de leyes ambientales locales, regionales y nacionales aplicables”. Este hallazgo (código de referencia 971 en SMETA 7) refleja la ausencia de un mecanismo formal para enterarse de cambios normativos. Un auditor lo anotaría si, por ejemplo, la empresa no tiene lista ninguna fuente de información legal o si el personal desconoce recientes modificaciones legales importantes.
(Otros hallazgos relacionados): Aunque 10.A.A típicamente se evalúa con el punto anterior, podría haber hallazgos vinculados al desconocimiento de requisitos específicos. Por ejemplo, si durante entrevistas se evidencia que la gerencia ambiental no está al tanto de una ley local relevante (por ejemplo, una nueva normativa de residuos) ello confirmaría la insuficiencia del proceso. Otro posible hallazgo sería la falta de comunicación interna: que las personas clave (operadores, encargados) desconozcan normas que deberían cumplir porque nadie se las comunicó. Este último aspecto puede emanar de entrevistas o de ausencia de registros de capacitación en temas legales recientes.

En general, para 10.A.A el auditor busca si existe evidencia documental (listados de requisitos legales, sus revisiones periódicas, sus responsables asignados) y evidencia de implementación (personas informadas, actualizaciones aplicadas). La carencia de esas evidencias se reflejará en un issue title como el citado arriba. Cabe destacar que no se espera que los trabajadores conozcan al detalle las leyes, pero sí que la empresa tenga un sistema para que quienes toman decisiones estén informados y traduzcan esos requisitos en acciones o instrucciones concretas.

Ejemplos de cumplimiento de 10.A.A (casos positivos)

Industria de envases en Guatemala con sistema de cumplimiento legal: Una fábrica guatemalteca de empaques alimenticios obtuvo la certificación ISO 14001 e implementó un procedimiento robusto de identificación y seguimiento de legislación ambiental. Mensualmente, su responsable de Medio Ambiente revisa el Diario de Centro América (donde se publican leyes y acuerdos gubernativos) y las actualizaciones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Mantiene un registro legal donde anota cada ley aplicable (Ley de Protección y Mejora del Medio Ambiente, reglamentos de vertidos, normativas de residuos, etc.), su última actualización y acciones que la empresa debe realizar para cumplirla. Por ejemplo, cuando en Guatemala se promulgó un Acuerdo sobre gestión de aguas residuales, la empresa actualizó su procedimiento de muestreo de efluentes y capacitó a su personal de tratamiento de agua. Todas estas actualizaciones son comunicadas en reuniones trimestrales de EHS (Environment, Health & Safety) e informadas a gerencia. Gracias a este sistema, durante una auditoría SMETA el equipo pudo mostrar al auditor evidencias claras de su diligencia: listados legales firmados y fechados tras cada revisión, notificaciones internas sobre nuevas regulaciones, y entrevistas al personal clave confirmando conocimiento de sus obligaciones. El auditor no halló brechas en este aspecto, reflejando cero no-conformidades en 10.A.A. Este caso muestra cómo un enfoque proactivo asegura el cumplimiento continuo. (Referencias: La ISO 14001 exige documentar requisitos legales y mantener evidencias de su identificación y actualización, lo cual esta empresa siguió al pie de la letra.)
Empresa de servicios en México apoyada por consultores legales: Una compañía de servicios logísticos en México decidió adherirse al Pacto Global de Naciones Unidas y mejorar su responsabilidad ambiental. Sin contar con un departamento ambiental propio, optó por contratar una asesoría externa que le provee actualizaciones normativas. Cada mes, recibe un boletín personalizado con cambios en leyes federales (SEMARNAT, PROFEPA), normas estatales y municipales relevantes. La empresa mantiene un expediente (físico y digital) con todas las disposiciones ambientales aplicables a sus operaciones: control de emisiones de sus vehículos, manejo de residuos peligrosos (aceites, baterías) y cumplimiento de normas de ruido, entre otras. Cuando se publica una nueva NOM (Norma Oficial Mexicana) aplicable – por ejemplo, una NOM sobre límites de emisiones de fuentes fijas – la consultora se lo comunica de inmediato, indicando qué acciones tomar. Internamente, el gerente de operaciones difunde esa información a los jefes de área mediante correos y breves talleres. En una auditoría SMETA 2-Pilares, la evidencia de estos boletines y las comunicaciones internas fue presentada. El auditor confirmó que el sitio sí cuenta con un proceso claro de actualización legal, al entrevistar a personal de mantenimiento que estaba al tanto de la nueva obligación de verificación de emisiones vehiculares. Este ejemplo ilustra que incluso sin un gran equipo interno, se puede cumplir 10.A.A apoyándose en especialistas externos y asegurando flujo de información. (Referencias: Principio 8 del Pacto Global ONU alienta la responsabilidad ambiental empresarial y la integración de códigos y regulaciones en la planificación y toma de decisiones, enfoque que esta empresa adoptó.)

Ejemplos de incumplimiento de 10.A.A (casos negativos)

Falta de licencia ambiental por desinformación (Guatemala): En Guatemala, desde 2016 es obligatorio que “todo proyecto, obra, industria o actividad” cuente con un Instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado (comúnmente denominado licencia ambiental) por el MARN. Sin embargo, muchas empresas de bajo y mediano impacto desconocían plazos y requisitos para obtenerlo. En 2022, ante la baja tasa de regularización, el gobierno emitió una prórroga final al 27 de septiembre de 2024 para que las empresas existentes tramitaran su instrumento ambiental correctivo. Se detectó que decenas de pequeñas industrias (incluidas imprentas y manufacturas de envases) no habían iniciado sus estudios de impacto ambiental simplemente por falta de información o asesoría técnica. Un ejemplo específico: una fábrica de plásticos en las afueras de Ciudad de Guatemala operó por años sin licencia ambiental; sus gerentes asumían erróneamente que al estar en una zona industrial no la necesitaban, o que solo las empresas grandes debían tramitarla. Cuando finalmente fueron auditados bajo SMETA (por requerimiento de un cliente extranjero), este incumplimiento salió a la luz inmediatamente bajo 10.A.B (falta de licencia, ver siguiente sección). No obstante, la raíz del problema encajaba con 10.A.A: no estaban al tanto de la legislación ambiental aplicable. El auditor podría haber registrado en 10.A.A un hallazgo del tipo “desconocimiento de requisitos legales básicos (licencia ambiental)”, evidenciando la carencia de un proceso de monitoreo legal. Este caso derivó en multas de hasta Q100,000 por no haber gestionado la licencia a tiempo. Es un ejemplo claro de cómo la falta de actualización en requisitos legales lleva a incumplimientos mayores: la empresa enfrentó no solo una no conformidad en la auditoría, sino sanciones gubernamentales por un requisito que debió conocer desde el inicio.
Cambios normativos ignorados en manejo de residuos (México): Una empresa mediana de productos de papel en México fue sorprendida con una clausura temporal debido al manejo inadecuado de sus residuos peligrosos. En 2018 México actualizó criterios de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), incluyendo nuevas obligaciones de registro y planes de manejo para ciertos generadores. La empresa, por desconocimiento, no presentó su plan de manejo actualizado ni tenía registro en la plataforma SINASICA para sus residuos de tinta y solventes. Tras una denuncia, PROFEPA inspeccionó y sancionó a la compañía con ~$112,840 MXN de multa por infracciones a la LGPGIR. Si bien el hallazgo principal se clasificaría bajo 10.A.B (incumplimiento legal específico), subyacía una falla en 10.A.A: la compañía no se enteró de las nuevas regulaciones ni de sus obligaciones de registro. Un auditor SMETA entrevistó al encargado ambiental, quien admitió no estar suscrito a ningún boletín oficial ni haber recibido comunicación gubernamental sobre esos cambios. Este desconocimiento también se reflejó en documentos desactualizados (tenían un manual de residuos de 2015 sin las reformas posteriores). En la auditoría, se levantó un Issue Title indicando la ausencia de procesos para actualización legal, evidenciando un sistema de seguimiento normativo inadecuado. El resultado: además de la multa gubernamental y la clausura temporal, la empresa recibió no conformidades en SMETA que comprometieron su relación con clientes hasta que demostrara correcciones (establecer un procedimiento de vigilancia legal y capacitar al personal en las nuevas obligaciones).

En ambos ejemplos negativos, se ve que el incumplimiento de 10.A.A es más un fallo sistémico que un hecho puntual: la empresa no tenía “los ojos puestos” en el entorno regulatorio. Esto llevó a consecuencias serias (multas, clausuras, pérdida reputacional). Por ende, 10.A.A debe considerarse un pilar fundamental de la gestión de cumplimiento, especialmente en países donde la legislación ambiental está evolucionando rápidamente y la fiscalización se ha intensificado.

Errores comunes no intencionales en 10.A.A

En la práctica, muchas empresas quieren cumplir la ley pero cometen errores no intencionales al gestionar la información legal ambiental. Algunos de los más habituales son:

No asignar responsabilidades claras: Nadie en la organización tiene formalmente el encargo de vigilar los cambios legales. A veces se asume que “legal” lo hará, o que “el jefe de planta debe saberlo”, pero sin claridad se cae en vacíos. Un responsable difuso implica que se pasen por alto actualizaciones importantes.
Dependencia excesiva de terceros sin verificación: Confiar únicamente en que un proveedor, contratista o gestor externo cumpla la normativa sin que la empresa misma esté informada. Por ejemplo, pensar que la empresa de residuos “se hará cargo de todo lo legal” y desentenderse, lo que puede dejar brechas si ese tercero falla en algo. La empresa principal debe al menos conocer qué exige la ley para supervisar adecuadamente a sus contratistas.
Asumir que no hay cambios legales porque “siempre lo hemos hecho así”: La inercia es peligrosa. Normativas ambientales nuevas pueden requerir, por ejemplo, reportar emisiones anualmente, medir ruidos, registrar descargas, etc., actividades que antes no se hacían. Un error frecuente es no revisar periódicamente si surgieron obligaciones adicionales, confiando en prácticas antiguas.
Falta de suscripción a fuentes oficiales: Muchas empresas no están suscritas a diarios oficiales, gazettes o newsletters de autoridades. En la era digital es sencillo acceder a esa información (vía web o email), pero por descuido no lo implementan. Entonces, la única forma en que se enteran de una nueva ley es cuando llega un inspector o un cliente lo menciona, ya tarde.
Comunicación interna deficiente: Aun sabiendo la gerencia de un cambio legal, a veces falla trasladarlo al nivel operativo. Un error común es no traducir la ley a instrucciones concretas. Por ejemplo, se emite una norma que prohíbe cierto químico, pero los encargados de compras o producción no son informados formalmente, provocando incumplimientos involuntarios. La brecha entre el conocimiento de la norma en altas esferas y la acción en el terreno es crítica.
No documentar las acciones de actualización: Puede que informalmente alguien sí esté al tanto de las leyes (por experiencia o networking), pero si no se deja rastro documental de cómo se entera y qué hace al respecto, es difícil de demostrar en auditoría. La ausencia de registros (actas de revisión, listados legales fechados, correos de difusión) es un error porque no permite evidenciar la buena práctica.
Creer que solo las leyes nacionales importan: Desatender normativas locales (estatales, municipales) o sectoriales. Por ejemplo, una municipalidad puede tener ordenanzas sobre horarios de descarga de residuos o ruidos permitidos; si la empresa se enfoca solo en la ley nacional, pasa por alto cumplir requisitos locales. Esto ocurre a veces por desconocimiento de competencias descentralizadas.

Reconocer estos errores es el primer paso para corregirlos. La buena noticia es que todos son evitables con una gestión más ordenada y proactiva, como veremos en las recomendaciones.

Recomendaciones y buenas prácticas para 10.A.A

Para asegurar el cumplimiento de 10.A.A durante auditorías (y en la práctica diaria), se sugieren las siguientes buenas prácticas:

Crear un Registro de Requisitos Legales Ambientales: Elabore un listado o matriz con todas las leyes, reglamentos, normas técnicas y ordenanzas aplicables a su empresa. Incluya nivel nacional, regional y local. Por cada requisito, detalle qué aplica (por ejemplo, “Ley X: requiere licencia ambiental categoría B; vigente, obtenida el año tal; renovación en tal fecha”). Mantenga este registro actualizado y documentado (con fechas de revisión). Esta herramienta será la evidencia central ante un auditor.
Establecer un procedimiento formal de actualización normativa: Defina por escrito cómo la empresa se mantiene informada. Por ejemplo: “El Coordinador Ambiental revisará trimestralmente el Diario Oficial y las publicaciones del Ministerio de Ambiente; además se suscribirá a boletines de cámara industrial y alertas legales. Cualquier cambio relevante se documentará y comunicará a gerencia.” Tener esto por escrito y seguido en la realidad demuestra un sistema sólido. Guarde copias de boletines recibidos, recortes de diario o informes legales como prueba de seguimiento.
Responsable designado y capacitación: Asigne la responsabilidad explícita a una persona o equipo (por ejemplo, el Jefe de EHS o un Analista Legal) de liderar el cumplimiento legal ambiental. Asegúrese de que esta persona reciba capacitación adecuada en interpretación de normas ambientales y se mantenga al día (cursos, seminarios). Si la empresa es pequeña, podría ser el dueño o gerente general pero con apoyo externo. Lo importante es que haya alguien “con el radar encendido” para temas ambientales.
Fuentes de información confiables: Aproveche fuentes oficiales y sectoriales. Algunas recomendaciones: suscribirse a actualizaciones de la autoridad ambiental (en Guatemala, el MARN publica acuerdos gubernativos; en México, SEMARNAT/Diario Oficial; en El Salvador, Ministerio de Medio Ambiente, etc.), participar en gremios empresariales locales (que a menudo alertan a sus socios sobre nuevas leyes), seguir páginas web de la OIT o ONU Medio Ambiente para tendencias globales, e incluso utilizar servicios especializados (bufetes legales o plataformas de cumplimiento) si es viable. Diversificar fuentes reduce la probabilidad de pasar algo por alto.
Comunicar internamente los cambios legales: Establezca un canal para difundir novedades. Puede ser mediante correos masivos, tablones informativos o en reuniones periódicas. Por ejemplo: si entra en vigor una nueva restricción de emisiones, convoque una reunión con mantenimiento y producción para explicar la norma y lo que implica para la empresa. Documente estas reuniones (listas de asistencia, minutas). Esto no solo cumple con 10.A.A sino que genera conciencia ambiental en toda la plantilla.
Integrar los requisitos en procesos y procedimientos internos: No se quede en la teoría. Cada vez que identifique un nuevo requisito legal, actualice o cree procedimientos operativos para cumplirlo. Ejemplo: salió una norma de manejo de contenedores de químicos, entonces revise su procedimiento de almacenamiento de sustancias peligrosas y ajústelo. Incluya en las descripciones de puestos ambientales la tarea de vigilar y aplicar nuevas leyes. La meta es que el sistema de gestión de la empresa absorba naturalmente las obligaciones legales.
Evidencias y registro de cumplimiento: Mantenga archivadas evidencias que demuestren su cumplimiento a lo largo del tiempo. Por ejemplo: si se requiere presentar un informe ambiental anual a la autoridad, guarde copia del envío; si se obtuvo una nueva licencia, archívela junto con la matriz legal. Un auditor querrá ver prueba de que la empresa no solo conoce las leyes sino que efectivamente actúa conforme a ellas y guarda trazabilidad.
Simulacros de auditoría legal: Una práctica muy útil es realizar auditorías internas o con terceros de sus requisitos legales. Por ejemplo, contratar una auditoría de cumplimiento legal ambiental anual que revise si falta alguna licencia, si se están respetando límites legales, etc. Esto identificará brechas antes de que lleguen auditores SMETA o inspectores gubernamentales. Es similar a una “prueba de estrés” de su sistema de actualización legal.
Uso de tecnología para monitoreo: Considere herramientas digitales. Hoy existen plataformas que envían alertas automáticas de cambios legislativos según su sector y ubicación. También puede usar calendarios electrónicos con recordatorios de renovaciones de permisos o evaluaciones periódicas exigidas por ley. La inversión en un software de cumplimiento puede ser valiosa para empresas con operaciones complejas.
Cultura de cumplimiento y diálogo: Fomente una cultura donde los trabajadores también sean parte de la vigilancia. Por ejemplo, en entrenamientos, anime a que reporten si ven alguna práctica que pudiera ser ilegal o si escuchan de nuevos requisitos (a veces operarios con conocidos en otras empresas traen información útil). Un ambiente de apertura y diálogo, como sugiere el Principio 8 del Pacto Global, ayuda a que la responsabilidad ambiental no recaiga solo en una persona sino sea compartida.

Aplicando estas recomendaciones, una empresa estará bien posicionada para demostrar en una auditoría SMETA que cumple 10.A.A a cabalidad. El auditor encontrará un sitio informado, ordenado y proactivo, lo que no solo evita no-conformidades sino que agrega valor al negocio: un cumplimiento legal consistente previene multas, mejora la reputación y asegura la sostenibilidad operativa. Cumplir con las leyes ambientales ya no debe verse como una carga, sino como parte integral de ser una empresa ética y competitiva en el mercado actual.

10.A.B – Cumplir con leyes/regulaciones ambientales y contar con permisos y documentación

Explicación. El subrequisito 10.A.B de SMETA 7.0 demanda: “Cumplir con las leyes o regulaciones ambientales locales, regionales y nacionales relevantes, y contar con la documentación o permisos correctos, incluyendo el uso de recursos (por ejemplo, agua, energía, materiales) y la disposición de residuos.”. En otras palabras, la empresa debe estar en cumplimiento efectivo de todas las normas ambientales aplicables (identificadas en 10.A.A), lo cual implica poseer las licencias, permisos y registros obligatorios; operar sus procesos dentro de los límites que marcan las leyes (por ejemplo, no exceder emisiones autorizadas); y tener la documentación comprobatoria que respalde ese cumplimiento (por ejemplo, reportes enviados a autoridades, monitoreos ambientales, facturas de disposición de desechos, etc.).

Este subrequisito es amplio y abarca múltiples frentes de la gestión ambiental legal. Algunos componentes clave que incluye son:

Permisos y licencias ambientales vigentes: Cubre cualquier autorización que exija la ley para operar. Dependiendo del país y la actividad, esto puede incluir la licencia o estudio de impacto ambiental del proyecto (como vimos, obligatorio en Guatemala para todas las empresas), permisos de uso de agua o vertido de aguas residuales, permisos de emisiones atmosféricas (por ejemplo, para calderas, hornos, generadores), registro de generador de residuos peligrosos, permisos de descarga a alcantarillado, autorizaciones para almacenamiento de sustancias químicas, entre otros. El requisito 10.A.B espera que todos los permisos requeridos por la ley estén disponibles, válidos y al día.
Cumplimiento de límites y condiciones operativas: Tener el permiso es solo el inicio; se debe cumplir sus condiciones. Por ejemplo, si la licencia ambiental autoriza producir hasta cierta capacidad o establece que se instale un sistema de control de contaminación, la empresa debe respetar eso. Si un permiso de vertido fija un caudal o concentración máxima de contaminantes en el efluente, la operación no debe exceder esos valores. En resumen, no basta con “el papel”, hay que observar las restricciones técnicas impuestas por regulaciones o licencias.
Manejo adecuado de residuos (peligrosos y no peligrosos): La disposición final de residuos debe hacerse conforme a la normativa. Eso implica separar residuos peligrosos, almacenarlos temporalmente según estándares (envases adecuados, etiquetado), entregarlos a gestores autorizados y contar con manifiestos o certificados de disposición final. Igualmente, los residuos no peligrosos (domésticos, industriales no peligrosos) deben gestionarse sin contaminar – por ejemplo, no arrojarlos a cuerpos de agua o quemarlos ilegalmente. Muchas leyes prohíben el vertido o quema al aire libre, y SMETA evaluará que el sitio siga esas leyes.
Uso eficiente y autorizado de recursos: Menciona explícitamente agua, energía, materiales. Esto alude a requisitos legales relacionados con aprovechamiento de recursos naturales. Por ejemplo, en algunos países se necesita concesión o permiso para extraer agua de pozos o ríos. O puede haber normativas de eficiencia energética (como en México ciertas empresas deben hacer diagnósticos energéticos). SMETA 10.A.B quiere ver que cualquier requisito de uso de recursos está cubierto. También incluye no desperdiciar energía o agua si hay leyes al respecto, y posiblemente cumplir con cuotas o reportes (por ejemplo, reporte de huella hídrica si es obligatorio).
Informes y reportes regulatorios: Algunas legislaciones requieren reportar datos ambientales a las autoridades periódicamente (emisiones al aire, inventario de gases de efecto invernadero, descargas anuales, etc.). Este subrequisito implica que la empresa presente oportunamente dichos informes. Un ejemplo: en ciertos países, las empresas deben reportar sus emisiones de CO₂ anualmente a un registro nacional, o informar volúmenes de agua usados. Si la empresa omite estos reportes, estaría incumpliendo la ley aunque tenga permisos. SMETA espera ver registros de que se cumplen también estas obligaciones administrativas.
No sanciones pendientes: Estar en cumplimiento incluye no tener multas ambientales sin resolver o violaciones en curso. Si la empresa ha sido sancionada, debería haber tomado acciones correctivas y, preferiblemente, cerrado esos asuntos (pagado multas, implementado medidas). Hallar sanciones recientes por contaminación puede indicar un incumplimiento sistémico. SMETA 7 incluso menciona como hallazgo la “presencia de multas/procesos por incumplimiento ambiental que no han sido remediados o apelados en tiempo”. Esto sugiere que el auditor revisará si hay historial de sanciones y cómo la empresa respondió.

En síntesis, el subrequisito 10.A.B es la columna vertebral del cumplimiento ambiental: pide que la empresa haga lo que la ley dice, en toda la extensión. Es posiblemente la sección más extensa en cuanto a posibles hallazgos, pues cubre desde tener un permiso de agua hasta instalar filtros antipolución, pasando por correcto manejo de desechos. En auditoría, se inspeccionarán documentos (permisos, registros), las instalaciones (¿hay equipos de control ambiental funcionando?), y se harán preguntas al personal para verificar que las prácticas se alinean con la normativa.

Para empresas de manufactura de envases (papel, plástico para alimentos) en Centroamérica y México, algunos focos típicos serían: licencias ambientales vigentes, permisos de vertido de aguas residuales industriales, control de emisiones (calderas que emiten a la atmósfera), gestión de residuos sólidos (cartón, plástico residual) y peligrosos (tintas, solventes, aceites de máquinas), cumplimiento de normativas de ruido (si colindan con comunidades), y en general evitar contaminación a suelos o cuerpos de agua.

A continuación, examinaremos los issue titles más comunes de 10.A.B, para luego ver ejemplos regionales de cumplimiento e incumplimiento, errores frecuentes y cómo sobresalir en este punto.

Principales Issue Titles asociados a 10.A.B

Dada la amplitud de este subrequisito, SMETA 7.0 define numerosos issue titles para tipificar distintos incumplimientos ambientales. Los más relevantes –junto a su significado– incluyen:

Falta de documentación de gestión ambiental: “No se dispone de certificaciones ambientales o documentación de sistemas de gestión ambiental para revisar”. Esto indica que la empresa no pudo presentar evidencias de contar con un sistema de gestión ambiental o registros asociados (por ejemplo, no tener políticas, procedimientos o certificación ISO 14001 si fuese esperada). Aunque SMETA 2 pilares no obliga a ISO 14001, la ausencia total de documentación puede ser una bandera roja. Este hallazgo (código 606) refleja deficiencia en organización documental, dificultando verificar el cumplimiento.
Multas o procesos legales pendientes: “Presencia de multas/procesos por incumplimiento de regulaciones ambientales que no han sido remediados o apelados en los plazos estipulados”. Implica que la empresa tiene historial de sanciones ambientales no resueltas. Un ejemplo sería una multa de la autoridad ambiental pendiente de pagar o sin acciones correctivas implementadas. Este hallazgo (código 597) evidencia un incumplimiento legal persistente.
Permisos legales incompletos: “El sitio no cuenta con todos los permisos legalmente requeridos para uso y/o disposición de recursos (por ejemplo, energía, agua, emisiones al aire, residuos, etc.)”. Este es crítico: el código 598 se refiere a permisos faltantes. Por ejemplo, operar sin licencia ambiental, carecer de permiso de descarga de aguas residuales, no tener registro como generador de residuos peligrosos, etc. Es una no conformidad mayor, ya que indica operación fuera del marco legal.
Incumplimiento en reportes obligatorios: “No se realizan reportes públicos/externos de desempeño ambiental cuando la ley lo exige”. Código 608, apunta a la falta de transparencia legalmente requerida. Un caso: una ley exige publicar un reporte anual de emisiones contaminantes y la empresa no lo hace. Esto sugiere opacidad o negligencia en obligaciones de reporte.
Problemas con tratamiento de agua residual: “No se cuenta con tratamiento de aguas residuales a pesar de ser requerido por la ley”. El código 631 refleja la ausencia de planta de tratamiento o método de depuración donde debería existir por regulación. También relacionado, “El agua residual contiene contaminantes sobre los límites legales” (código 633) indica incumplir estándares de vertido. Ambos muestran contaminación hídrica no controlada.
Permisos de residuos y emisiones faltantes: “No se poseen permisos para la disposición de residuos conforme la ley” (código 618) y “No hay permisos para emisiones atmosféricas conforme lo exige la ley” (código 636) son hallazgos que señalan falta de autorizaciones específicas. Por ejemplo, no tener permiso para disponer lodos en un vertedero o para emitir partículas a la atmósfera. En la misma línea, “No se monitorean los límites de emisiones de aire según los requisitos legales” (código 637) o “No se monitorea el uso/extracción de agua según la ley” (código 635, no visible en el fragmento citado pero enlistado en la secuencia) denotan ausencia de seguimiento a parámetros que legalmente deben medirse (calidad de aire, volúmenes de agua extraída, etc.).
Excesos sin control en recursos energéticos: “No se cuenta con permisos para uso de energía según requisitos legales” (código 646) y “No se monitorea el consumo energético como exige la ley” (código 647) – estos podrían aplicar en contextos donde haya regulación de grandes consumidores de energía (por ejemplo, registro de generadores de emisiones de CO₂). También “El sitio no tiene una política de conservación de energía a pesar de ser un requerimiento legal” (código 648). Estos hallazgos reflejan incumplimiento de medidas de eficiencia o autorización energética.
Ausencia de inventario de sustancias agotadoras de ozono (SAO): “No se mantiene inventario de sustancias agotadoras del ozono conforme a la ley” (código 642) – relevante si la ley exige controlar refrigerantes u otras SAO. Igualmente, “No se monitorean las emisiones de GEI según requisitos legales” (código 643) apunta a faltar registros de gases de efecto invernadero si son obligatorios.
Disposición ilegal de residuos/efluentes: “No se tienen permisos apropiados para uso/extracción de agua” (código 634) y “No se tienen permisos para disposición de efluentes de aguas residuales” (código 627) señalan carencias que suelen acarrear contaminación. Un hallazgo grave es “Evidencia de actividad ilegal que resulta en daño ambiental a largo plazo (por ejemplo, deforestación de un área protegida)” (código 650). Esto revela infracciones deliberadas y severas, como vertidos tóxicos, deforestación, caza furtiva en terrenos de la empresa, etc.
Uso de sustancias peligrosas no conforme a regulación: “El sitio no cumple con regulaciones ambientales respecto al uso de sustancias peligrosas (por ejemplo, químicos y pesticidas)” (código 972) – por ejemplo, utilizar químicos prohibidos por la ley local. Aunque este punto se relaciona también con 10.A.D, aquí se enfoca en la ley.
Incumplimiento sistemático o deliberado de la ley ambiental: “Una infracción deliberada, sistémica o severa de una ley local que cause daño ambiental (y que no encaja en otro requisito)” (código 973). Es un hallazgo amplio, aplicable cuando la violación es tan grande o intencionada que va más allá de un error aislado – básicamente una falta grave al código ambiental.

Todos estos issue titles indican las áreas donde un auditor podría encontrar fallos. En términos prácticos, para evitar estos hallazgos, la empresa debe: tener todos sus permisos en orden, respetar los límites legales en emisiones/descargas, monitorear regularmente para asegurarlo, y tener la trazabilidad documental de que cumple (monitoreos registrados, reportes enviados, etc.).

A continuación, veremos casos en la región que ilustran tanto el cumplimiento exitoso de este subrequisito como las consecuencias de incumplirlo.

Ejemplos de cumplimiento de 10.A.B (casos positivos)

Fábrica de empaques en cumplimiento total (Guatemala): Una empresa manufacturera de empaques de papel para alimentos en Guatemala es un ejemplo de cumplimiento ambiental integral. Cuenta con licencia ambiental vigente (Categoría B) otorgada por el MARN, con su estudio de impacto aprobado. Además, tiene permiso de vertido de aguas residuales para descargar su efluente tratado al alcantarillado municipal, cumpliendo los estándares de la normativa COGUANOR aplicable. Para sus emisiones atmosféricas, instaló filtros de mangas en la caldera de biomasa y obtuvo la autorización de emisiones de la autoridad correspondiente. Cada año renueva su registro de generador de desechos peligrosos, asegurándose de entregar los residuos (tintas, solventes de limpieza) a un gestor autorizado, con sus respectivos manifiestos. En cuanto al uso de agua, la empresa extrae agua de un pozo propio: tramitaron la licencia de aprovechamiento hídrico y además montaron una planta de tratamiento que recicla parte del agua para proceso, reduciendo consumo. Todos estos permisos y evidencias fueron organizados en un “folder ambiental” presentado al auditor SMETA: licencias con vigencia, resultados de laboratorio de agua que muestran cumplimiento de límites, facturas de empresa gestora de residuos y reportes anuales enviados al Ministerio. El auditor corroboró no solo los documentos, sino también en terreno: verificó que la planta de tratamiento estaba operativa y bien mantenida, que el almacén de residuos peligrosos estaba en orden (contenedores etiquetados, sin derrames) y entrevistó a personal que confirmó que “ningún residuo se tira afuera, todo se entrega a gestores autorizados”. Resultado: cero no conformidades mayores en 10.A.B. Este caso demuestra que con inversión en infraestructura ambiental y gestión rigurosa, es posible cumplir con todas las exigencias legales – y como beneficio adicional, la empresa logró reducir costos reutilizando agua y evitando sanciones.
Certificación de “Industria Limpia” (México): En México, una planta de fabricación de plásticos para empaque alimentario participó voluntariamente en el programa Industria Limpia de PROFEPA, obteniendo ese certificado. Para lograrlo, debieron demostrar cumplimiento legal absoluto: disponían de su Licencia Ambiental Única (LAU) a nivel federal, que integraba permisos de emisiones a la atmósfera, descarga de aguas y generación de residuos peligrosos. La empresa implementó un sistema de monitoreo continuo de sus chimeneas, enviando reportes semestrales de emisiones de partículas y COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles) a la autoridad ambiental, todos dentro de norma. Asimismo, desarrollaron un plan interno para minimizar la generación de residuos mediante reciclaje de recortes plásticos, alineado con la Ley General de Economía Circular de su estado. Durante su auditoría SMETA, presentaron con orgullo no solo los permisos, sino también los reconocimientos obtenidos (el certificado de Industria Limpia vigente). El auditor constató, por ejemplo, que tenían un inventario de emisiones y registro en COA (Cédula de Operación Anual) presentado en tiempo – algo obligatorio para su giro. También verificó que contaban con equipos de seguridad ambiental: un sistema de control de derrames con contención, alarmas de detección en tanques, etc., lo cual excedía mínimos legales pero prevenía accidentes ambientales. Esta proactividad se tradujo en cero hallazgos en 10.A.B y elogios en el informe. Los clientes valoraron mucho esta condición, ya que provee confianza de que su proveedor opera con responsabilidad ambiental. (Referencias: PROFEPA impone programas de autorregulación como Industria Limpia que requieren 100% de cumplimiento legal; por ejemplo, sancionó a empresas con multas cuando halló mal manejo de residuos, por lo que la certificación es indicativa de no tener esos incumplimientos.)
Agroindustria con cumplimiento en uso de pesticidas (Centroamérica): Un ingenio azucarero en Centroamérica, con operaciones agrícolas extensas, tenía retos ambientales importantes. Sin embargo, se apegó estrictamente a la normativa nacional y a los estándares de sus clientes internacionales. Implementaron un programa de manejo integrado de plagas que les permitió minimizar el uso de agroquímicos peligrosos, y prohibieron internamente cualquier plaguicida no registrado en el país o prohibido por sus compradores (que suelen seguir lineamientos de UE o EPA de EE.UU.). La empresa mantiene un listado de los pesticidas autorizados para uso, todos aprobados por el Ministerio de Agricultura local, y almacena los vacíos en centros de acopio para disposición adecuada, conforme la ley de residuos tóxicos. Además, el ingenio obtuvo permisos de uso de agua para riego y cumple con caudales asignados supervisados por la autoridad del agua. En una auditoría SMETA, en el capítulo 10.A.B y 10.A.D, no hubo hallazgos: se evidenció que “el sitio no emplea sustancias prohibidas, y respeta la legislación nacional de agroquímicos”. Los auditores, mediante muestreos y revisión documental, vieron que no había restos de químicos vetados (como algunos insecticidas clorados) ni en bodegas ni en registros de compra. Este es un ejemplo de cumplimiento tanto legal como de expectativas de clientes (muchos compradores de alimentos fijan tolerancias estrictas de pesticidas). El resultado fue un reporte limpio, y el ingenio mencionó que ese cumplimiento les ha abierto mercados exigentes como la Unión Europea sin contratiempos. (Referencias: La importancia de cumplir leyes de pesticidas se ilustra con casos como REPSA en Guatemala, donde un derrame de Malatión causó desastre ambiental – lo cual este ingenio previno con buenas prácticas.)

Ejemplos de incumplimiento de 10.A.B (casos negativos)

Planta embotelladora clausurada por exceder vertidos (México): Un caso sonado ocurrió en Chiapas, México, en 2025: una planta embotelladora (Bebidas Purificadas, S. de R. L. de C. V) fue clausurada temporalmente por PROFEPA al descubrirse que excedía gravemente el volumen de aguas residuales autorizado en su permiso. Investigaciones revelaron que en 2024 la planta vertió un 59.94% más volumen de efluente del que tenía permitido, equivalente a 100,638 m³ adicionales en el año. Además, en 2025 continuaba descargando diariamente 351 m³ por encima de lo autorizado. Estos excesos violaban su permiso de descarga y representaban un riesgo para el río Santo Domingo donde desembocan sus aguas residuales. La acción ciudadana (denuncias de vecinos) precipitó una inspección oficial que confirmó el incumplimiento. Este es un ejemplo claro de incumplimiento de 10.A.B: aunque la empresa tenía un permiso, no respetó sus límites ni gestionó el impacto extra. En un contexto SMETA, los hallazgos incluirían “descargas de aguas residuales sobre límites legales” (issue 633) y posiblemente “falta de control para evitar contaminación”. El resultado real fue severo: PROFEPA clausuró temporalmente la planta y la empresa enfrentó sanciones. Para el cliente dueño de la marca, esto fue un golpe reputacional y debió exigir correcciones inmediatas. Este caso evidencia que no basta con tener permisos, hay que operar dentro de lo autorizado y ser proactivo en no sobrepasar capacidades. La negligencia derivó en daño ambiental (contaminación del río) y penalizaciones mayores.
Cartonera en Nuevo León incumpliendo normativas de aire (México): En febrero de 2025, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León suspendió las actividades de una fábrica de cartón corrugado en Santa Catarina por incumplimiento de la legislación ambiental. Si bien no se publicaron todos los detalles técnicos, se sabe que en la región las autoridades estaban verificando emisiones atmosféricas de industrias y polvos de pedreras. La clausura sugiere que la cartonera quizás emitía contaminantes al aire sin los debidos controles (por ejemplo, polvo de papel, emisiones de calderas sin filtro) o carecía de permisos de emisión. Posiblemente infringió normas de calidad del aire locales que son estrictas en el área metropolitana de Monterrey (famosa por problemas de smog). En un reporte SMETA, esto saldría como “No cuenta con permisos para emisiones al aire” o “No se han implementado medidas para evitar emisiones contaminantes”. La consecuencia fue inmediata: la planta se paró hasta corregir, afectando su producción y compromisos con clientes. Este ejemplo resalta que ignorar la normativa de emisiones (sea por ahorrar en filtros o desconocimiento) conlleva clausura. Es un llamado a que todas las fábricas, incluso de insumos relativamente “no tóxicos” como cartón, deben controlar sus emisiones de polvo y combustión conforme la ley.
Manejo inadecuado de residuos peligrosos – casos extremos: En Hidalgo, México, la empresa Simari (un gestor de residuos industriales) fue multada con más de 14 millones de pesos y clausurada por PROFEPA en 2023 al encontrarse acumulación masiva de residuos peligrosos sin tratamiento. Aunque este no es un fabricante sino un tratador externo, ilustra el peor escenario de 10.A.B: Simari violó la Ley de Residuos peligrosos al acopiar residuos más allá de la capacidad y sin controles, provocando riesgo de contaminación de suelo y agua. En un contexto de proveedor, cualquier empresa que hubiera enviado residuos a Simari podría verse implicada indirectamente. Por eso, 10.A.B también se conecta con la debida diligencia en la cadena de gestión: elegir gestores autorizados y asegurarse que cumplen. En SMETA se registraría como “disposición inadecuada de residuos peligrosos” y “actividad ilegal con daño ambiental”. El mensaje es que la empresa generadora no debe desligarse: si su residuo termina en un sitio clandestino, también es su incumplimiento. Casos así motivan a auditar a los contratistas ambientales.
Ecocidio en actividades agrícolas (Guatemala): Un tristemente célebre caso fue el derrame de Malatión en el río La Pasión en 2015, atribuible a la empresa REPSA (palma africana) en Petén. Por fallas en su manejo de desechos (desbordamiento de sus lagunas de oxidación), toneladas de pesticida contaminaron 150 km del río, matando peces y afectando a 23 comunidades (unas 116,000 personas). Legalmente, esto implicó violaciones a varias leyes: manejo irresponsable de sustancias peligrosas, daño a recursos hídricos, falta de planes de emergencia, etc. Se le llamó “ecocidio” por la magnitud. En SMETA, un caso así sería un 10.A.B (y 10.A.D) flagrante: uso y disposición negligente de químicos, sin prevención de derrames, causando impacto grave. El hallazgo se clasificaría como “brecha grave a la ley causando daño ambiental significativo”(issue 973) y “no cumplimiento de requisitos sobre sustancias peligrosas”. Las consecuencias reales incluyeron procesos judiciales, órdenes de cierre temporales e inmenso daño reputacional para la empresa y sus compradores (algunos internacionales se distanciaron). Este ejemplo extremo subraya la responsabilidad de cumplir no solo la letra sino el espíritu de la ley: mantener controles para prevenir catástrofes ambientales.

Estos casos de incumplimiento muestran diversos escenarios: exceder límites permisibles, operar sin permiso, gestionar mal residuos, o directamente causar desastres ambientales. Todos evidencian falta de control interno y/o negligenciaen atender las obligaciones ambientales. Más allá de las sanciones legales, en el marco de SMETA suelen traducirse en no conformidades críticas que requieren remediación urgente y revisión por clientes. Muchas empresas solo tras estos incidentes toman en serio el cumplimiento, pero para entonces el daño (ambiental y comercial) ya está hecho.

Errores comunes no intencionales en 10.A.B

Incluso con buena voluntad, las empresas pueden incurrir en fallas de cumplimiento legal ambiental por descuidos o malinterpretaciones. Algunos errores no intencionales frecuentes bajo este subrequisito son:

No comprender el alcance de los permisos: A veces las empresas obtienen una licencia ambiental general y creen que con eso cubren todo, sin darse cuenta de que requieren permisos adicionales específicos. Por ejemplo, creer que la licencia de funcionamiento municipal incluye el permiso de vertidos, cuando en realidad son trámites separados. O tener permiso de agua pero no de aire, etc. La falta de asesoría puede llevar a omitir trámites indispensables.
Olvidar renovar licencias o permisos: Un error común es dejar vencer los permisos por descuido administrativo. Muchas licencias ambientales tienen vigencia (ejemplo, 1 a 5 años en Guatemala). Si la empresa no lleva un control de fechas, el permiso puede caducar sin haber tramitado la renovación, dejando a la operación en situación irregular sin darse cuenta inicialmente. Similar con registros anuales (por ejemplo, registro de generador de residuos peligrosos que se debe renovar cada año en algunos países).
Desconocer requisitos “menores” o nuevos: En varias jurisdicciones, surgen normativas específicas sobre temas antes no regulados (ejemplo, obligación de etiquetado de sustancias, programas de logística inversa, cuotas de reciclaje de envases, etc.). Las empresas suelen enfocarse en los permisos grandes y pueden pasar por alto estas obligaciones complementarias. Por ejemplo, en México hay obligaciones de recuperar cierto porcentaje de envases plásticos puestos en mercado (para ciertos productores); si una empresa no está al tanto, incumple aunque tenga sus otras licencias.
Confundir estándares voluntarios con legales: Algunas empresas invierten en certificaciones voluntarias (ISO 14001, programas de RSE) pero descuidan los básicos legales. Pueden tener un sistema interno robusto pero, sorprendentemente, no haber sacado un permiso obligatorio. Esto suele pasar en multinacionales que aplican estándares globales pero a veces no aterrizan las obligaciones locales. La buena gestión interna no exime de trámites externos.
Subestimar la importancia de registros y evidencias: Es frecuente cumplir en la práctica pero no llevar el papel. Por ejemplo, la empresa puede estar descargando su efluente dentro de norma, pero si no tiene resultados de laboratorio para probarlo, ante la ley y auditoría es como si no lo hiciera. O entregar residuos a un gestor pero no guardar las copias de manifiestos. La falta de evidencia escrita puede hacer caer en incumplimiento aunque la acción se haya hecho, porque no se puede demostrar en auditoría ni ante autoridad.
Errores en la segregación de residuos: Un fallo común es mezclar residuos peligrosos con no peligrosos o convertir todo en basura general. Una empresa quizá no intente violar la ley, pero si su personal de limpieza tira trapos con solventes al contenedor común, ya está incumpliendo normas de residuos peligrosos. Son detalles operativos que requieren entrenamiento del personal para evitar infracciones involuntarias.
No seguir las condiciones del permiso al detalle: Muchas licencias o permisos incluyen condiciones específicas (ejemplo: “debe calibrar equipo X cada 6 meses y reportarlo”). Por omisión, algunas empresas cumplen lo principal (operar dentro de límites) pero ignoran alguna condición accesoria. Esa condición incumplida puede ser motivo de infracción. Por ejemplo, no instalar la chimenea a la altura requerida o no sembrar árboles compensatorios si la licencia lo pedía.
Comunicación interna deficiente sobre limitaciones: Similar al punto anterior, puede que la gerencia sepa que “no podemos producir más de 100 toneladas/mes según la licencia” pero planta produce 120 porque nadie le comunicó claramente el límite al jefe de producción. Estos deslices internos llevan a exceder permisos por falta de coordinación.
Dependencia excesiva de la autoridad (reactividad): Algunas empresas adoptan la postura de “si la autoridad no me ha dicho nada, estoy bien”. Es decir, en lugar de autoevaluar su cumplimiento, esperan a que llegue una inspección para recién ahí enterarse de fallos. Esto es un error: el cumplimiento ambiental no se puede tercerizar a la inspección gubernamental. Debe ser iniciativa propia.
No actualizar capacidades conforme crecimiento: Si la empresa expande su producción, añade maquinaria o nuevos procesos, a veces olvida actualizar sus permisos. Por ejemplo, tenía permiso para 50 ton/mes y ahora produce 80 ton/mes sin ajustar la licencia. O instala otra caldera sin sacar permiso para esa nueva fuente. Crecer el negocio es bueno, pero debe ir acompañado de la ampliación o modificación de los permisos pertinentes.

En resumen, muchos errores vienen de falta de gestión detallada. No es mala intención, sino falta de sistemas robustos para atar todos los cabos. La solución es tomar el cumplimiento legal tan en serio como cualquier objetivo de producción o ventas: con planificación, seguimiento y mejora continua.

Recomendaciones y buenas prácticas para 10.A.B

Para garantizar el cumplimiento del subrequisito 10.A.B y evitar los hallazgos mencionados, las empresas deberían adoptar las siguientes buenas prácticas:

Realizar un diagnóstico legal ambiental completo: Como primer paso, haga un inventario de todos los permisos y trámites legales que su empresa necesita. Apóyese en expertos legales ambientales si es necesario. Verifique área por área: ¿Tenemos licencia ambiental o estudio de impacto aprobado? ¿Permisos de emisiones atmosféricas? ¿Permiso de vertido o conexión a alcantarillado? ¿Registro de residuos peligrosos? ¿Permiso de aprovechamiento de agua? ¿Autorizaciones municipales (ruido, construcción)? Confeccione una lista maestra de “Permisos y Obligaciones Ambientales” de la empresa, indicando para cada uno: número o código del permiso, autoridad emisora, fecha de emisión y expiración, condiciones principales, responsable interno de gestionarlo.
Asegurar la obtención y vigencia de todos los permisos: Una vez identificados, tramite los que falten sin demora. Si alguno está vencido, priorice su renovación. Tenga presente las fechas de vencimiento: utilice alertas en calendarios corporativos con varios meses de anticipación para iniciar renovaciones (ya que suelen tardar). Evite operar sin permiso vigente; si uno expira y está en renovación, guarde comprobante de que inició el trámite (recibos, comunicaciones con autoridad) para mostrar buena fe en auditoría. Verifique tener instrumento ambiental aprobado y vigente y el plazo de vigencia de su licencia, renovando con tiempo.
Cumplir condiciones y límites establecidos: Lea detenidamente cada resolución o licencia ambiental otorgada a su empresa. Liste las condiciones: límites de producción, medidas de mitigación, monitoreos, reportes, etc. Incorpórelas en sus procedimientos internos. Por ejemplo, si la licencia dice “monitorear efluente trimestralmente”, integre esa tarea en el plan anual de laboratorio. Si limita producción, implemente un contador o indicador en planta para no pasarse. Nunca ignore esas condiciones “menores”. Recuerde que la ley no termina en obtener el permiso, sino en cumplir al pie de la letra lo que dice.
Implementar controles operativos y tecnológicos: Invierta en tecnología ambiental que facilite el cumplimiento. Por ejemplo, instale un sistema de tratamiento de aguas residuales adecuado a su tipo de efluente para asegurar que al descargar esté dentro de norma (y conserve análisis para probarlo). Monte filtros o scrubbers en chimeneas para atrapar contaminantes atmosféricos. Use equipos medidores (caudalímetros, medidores de emisiones) para llevar registro continuo de sus descargas y emisiones. Aunque la ley no siempre obligue a monitoreo continuo, tenerlo le alerta tempranamente de cualquier desviación y demuestra compromiso. Un entorno con buen control tecnológico difícilmente caerá en exceso de límites sin darse cuenta.
Registro y monitoreo periódico de cumplimiento: Establezca indicadores clave ambientales (ejemplo: concentración de contaminantes en efluente, toneladas de residuos peligrosos generadas y enviadas, emisiones de CO₂ calculadas, consumo de agua vs autorizado, etc.) y de seguimiento legal (ejemplo: número de permisos vigentes/total, días para vencimiento, número de reportes entregados a tiempo). Revise estos indicadores en reuniones gerenciales. Si alguno se desvía (ejemplo, está llegando al límite legal), actúe antes de infringir. Lleve bitácoras de monitoreo y manténgalas disponibles. Esto impresiona favorablemente a auditores, mostrando que la empresa mide y gestiona activamente su cumplimiento.
Mantener documentación organizada y accesible: Tenga un archivo central ambiental (físico o digital) con copia de todos los permisos, licencias y comunicaciones con autoridades. Incluya también los reportes presentados a entes regulatorios, resultados de monitoreos, contratos con gestores de residuos y manifiestos de residuos, etc. Use índices o tablas para ubicar rápidamente cada documento. Durante una auditoría, poder mostrar en minutos un permiso o un registro solicitado genera confianza en el auditor. Lo contrario –tardar horas buscando o no hallar un papel– genera sospecha de desorden o incumplimiento. Para fines prácticos, también es útil tener esta información a mano en caso de inspecciones sorpresa de autoridades.
Capacitación y conciencia del personal operativo: Traduzca los requisitos legales en instrucciones claras para los trabajadores. Por ejemplo, capacite al personal de mantenimiento y producción sobre la importancia de no exceder ciertos parámetros (temperaturas, cargas) porque impactan emisiones. Capacite al personal de almacén en segregación correcta de residuos (que sepan qué es peligroso y cómo manejarlo). Entrene a los responsables de calderas en las prácticas de combustión limpia. En agricultura, capacite a los aplicadores de pesticidas sobre dosis permitidas, uso de químicos legales, etc. Un personal consciente es la mejor garantía de cumplimiento en el día a día.
Auditorías internas de cumplimiento legal: Complementando lo sugerido en 10.A.A, realice auditorías legales internas específicas. Puede ser semestral o anual, donde alguien (interno o consultor) revisa si: todos los permisos están al día, se están generando los registros que exige la ley, si hay nuevas obligaciones, etc. Estas auditorías deben incluir inspecciones en sitio – por ejemplo, revisar bodegas de residuos, simular una toma de muestra de efluente para ver si los puntos de muestreo están listos, chequear calibraciones de equipos, etc. El informe de esta auditoría interna le dirá dónde hay brechas para corregir antes que ocurra una auditoría externa o una visita de inspector.
Mantenerse informado de cambios regulatorios (relacionado con 10.A.A): Esto ya se cubrió en 10.A.A, pero recalcar: muchos incumplimientos surgen porque la ley cambió y la empresa siguió operando igual. Así que estar actualizado evitará caer en incumplimiento sin saber. Por ejemplo, si anuncian un nuevo estándar de emisiones para 2026, prepararse en 2025 ajustando procesos o equipos.
Prepararse para emergencias ambientales: Varios marcos legales requieren planes de contingencia (para derrames, incendios, etc.). Asegurarse de contar con esos planes aprobados cuando aplica. Pero más allá del papeleo, disponer de kits anti-derrames, capacitación en respuesta a emergencias químicas, contactos de bomberos, etc. Cumplir con estos aspectos garantiza que si ocurre un incidente, se controle y no escale a violaciones mayores. Un auditor SMETA verá con buenos ojos que la empresa tenga ese nivel de preparación (algunos puntos de 10.A pueden cruzarse con salud/seguridad en este tema).
Cero tolerancia a prácticas ilegales o atajos: Establecer en la cultura que no se permiten atajos que violen la ley ambiental. A veces bajo presión productiva, algún empleado podría sugerir “tirar ese líquido por el desagüe total es poco” o “quememos estos desechos atrás para que no ocupen espacio”. Debe quedar claro a todos que esas acciones están prohibidas. Fomentar una cultura donde, ante dilemas, la prioridad es el cumplimiento (ejemplo, parar producción si un filtro falla y está contaminando mucho, hasta arreglarlo). Esto va en línea con tener una política ambiental fuerte. Muchas empresas exitosas incluyen en su código de conducta interno el compromiso de cumplimiento legal y protección ambiental, dando respaldo desde la alta dirección.

Aplicando estas prácticas, la empresa no solo evitará sanciones y no-conformidades, sino que también podrá presentarse ante clientes e inversionistas como un operador responsable y seguro. De hecho, muchas compañías descubren que al ordenar sus temas legales ambientales ganan eficiencia (menos desperdicios, reutilización) y mejoran relaciones con la comunidad y autoridades, generando un círculo virtuoso. Y en el contexto de SMETA, un desempeño excelente en 10.A.B contribuye enormemente a una auditoría exitosa, ya que demuestra el verdadero compromiso ético de la empresa con el medio ambiente y la sociedad.

¿Útil para tus auditorías SMETA?
He creado esta guía con dedicación. ¡Apoya mi trabajo con un café!

Dona un Café

10.A.C – Sistema para gestionar brechas entre estándares ambientales de clientes y operaciones propias

Explicación: El subrequisito 10.A.C de SMETA 7.0 indica: “Tener un sistema implementado para identificar y remediar las brechas entre los estándares ambientales de sus clientes y el impacto ambiental de sus propias operaciones.”. Aquí, Sedex introduce un concepto muy ligado a la responsabilidad en la cadena de suministro: las empresas proveedoras deben no solo cumplir la ley (lo cual es básico), sino también considerar los requisitos ambientales particulares que sus clientes les puedan exigir y trabajar activamente para cerrar cualquier brecha que exista entre lo que el cliente espera y la situación actual del proveedor.

En la práctica, muchas grandes compañías multinacionales –especialmente en los sectores de alimentos, bebidas, cosméticos, retail, etc.– tienen sus propios códigos de conducta o políticas ambientales para proveedores, que a veces son más estrictos que la legislación local. Por ejemplo, un minorista global puede tener una política de “cero desechos a relleno sanitario” para 2030, o una marca de alimentos puede prohibir que sus proveedores usen cierto plástico o cierto agroquímico, incluso si la ley local lo permite. También pueden requerir metas de reducción de emisiones de carbono, uso de materiales reciclados, certificaciones específicas (como FSC para papel), o cumplir con estándares internacionales (pormejemplo, no deforestación, protección de biodiversidad).

El requisito 10.A.C esencialmente pide al proveedor que:

Conozca los estándares ambientales de sus clientes. Es decir, que esté al tanto de los compromisos, políticas o expectativas que los clientes han definido (a menudo en contratos, códigos de proveedor o auditorías específicas).
Compare esos estándares con su propio desempeño ambiental. Esto implica hacer un análisis de brecha o gap analysis: por ejemplo, si el cliente espera 100% energía renovable pero mi operación usa 50% fósil, ahí hay una brecha; o si el cliente prohíbe plásticos de un solo uso y en mi planta se usan muchos, es otra brecha.
Tenga un plan o sistema para remediar las brechas identificadas. Es decir, acciones concretas y seguimiento para mejorar y alcanzar el estándar del cliente en esas áreas donde inicialmente no se cumple. Esto puede tomar la forma de proyectos ambientales, inversiones, cambios de proveedores, etc., con plazos y responsables.

En síntesis, 10.A.C impulsa una mejora continua motivada por los requerimientos del mercado. No basta con estar en cumplimiento legal; si se quiere ser un proveedor preferido, hay que alinearse con las metas de sostenibilidad del cliente.

Por ejemplo, si somos un fabricante de empaques para una cadena de comida rápida que anunció “envases 100% reciclables o compostables”, nuestro sistema debe detectar si nuestros envases actuales cumplen eso y, de no hacerlo, trazar la ruta para lograrlo (cambiar materiales, proveedores, certificaciones). O en agricultura, si un comprador europeo exige 0 residuos de cierto pesticida, el productor debe internalizar ese estándar y adaptar su manejo agronómico para satisfacerlo, aunque la ley local permita dicho químico.

Este subrequisito tiene un componente de gestión y comunicación muy importante. La empresa debe comunicarse con sus clientes para entender sus expectativas ambientales (por ejemplo, solicitar sus códigos de conducta, directrices de embalaje, políticas de abastecimiento responsable, etc.). Luego internamente debe comunicarlas a las áreas pertinentes (producción, I+D, calidad, compras) y crear mecanismos de cumplimiento. Un auditor SMETA buscará evidencia de este sistema: quizás verificar que la empresa tiene copia de las políticas ambientales de sus principales clientes, que ha hecho evaluaciones internas frente a ellas, y que existen planes de acción o mejoras implementadas.

Cabe destacar que 10.A.C es un requisito relativamente nuevo/enfocado, reflejando cómo SMETA 7.0 pone más énfasis en los sistemas de gestión y en la interacción cliente-proveedor. En versiones previas, no estaba explícito. Esto va de la mano con tendencias globales: empresas líderes asumen objetivos de sostenibilidad (carbono neutral, cero deforestación, economía circular) y esperan que su cadena productiva (los proveedores) se alinee.

Para sectores como envases de papel y plástico alimentario en CA y México, algunos estándares de clientes comunes podrían ser: uso de materiales reciclados en cierto %, cumplimiento de normas de contacto alimentario internacionales (por ejemplo FDA, UE), evitar químicos específicos (bisfenol, ftalatos, metales pesados), reducción del consumo de agua y energía con metas anuales, etc. En servicios, clientes corporativos podrían pedir oficinas verdes (gestión de residuos, eficiencia energética), y en agricultura, casi todos los grandes compradores tienen protocolos (ejemplo, Rainforest Alliance, GlobalGAP, u otros).

A continuación, veremos los issue titles asociados a 10.A.C, ejemplos de cumplimiento/incumplimiento, errores y recomendaciones para implementar este tipo de sistema de gestión.

Principales Issue Titles asociados a 10.A.C

Los hallazgos típicos bajo 10.A.C tienen que ver con la falta de conciencia o sistemas relacionados con requisitos de clientes. Según SMETA 7, se incluyen issue titles como:

Desconocimiento de los requisitos ambientales del cliente: “La empresa no está al tanto de los requisitos ambientales de sus clientes.”. El código 600 refleja que el proveedor ni siquiera conoce qué pide el cliente en materia ambiental. Esto podría evidenciarse si, al preguntarle al equipo directivo o de ventas, no saben si el cliente tiene algún código ambiental o si dice “no, el cliente solo me pide precio y calidad”. En la práctica, hoy muchos clientes sí comunican estándares, así que ignorarlos indica un problema de comunicación.
Sin sistema para cerrar brechas cliente-operación: “El sitio no tiene un sistema para remediar brechas entre los estándares ambientales del cliente y el impacto de sus operaciones.”. El código 948, que es básicamente el subrequisito tal cual: se hallaría cuando la empresa, aun conociendo lo que el cliente quiere, no ha establecido ninguna medida o plan para alinearse. Por ejemplo, un retailer pide a todos sus proveedores plan de reducción de emisiones, pero la empresa auditada ni ha calculado su huella ni tiene plan para disminuirla.
Desconocimiento de requisitos del cliente en sustancias peligrosas: “El sitio no está al tanto de los requisitos de sus clientes en referencia a sustancias peligrosas (por ejemplo, químicos y pesticidas).”. Este es el código 619 y se relaciona con 10.A.D también, pero en 10.A.C se refiere al aspecto de cliente. Significa que la empresa no sabe que su cliente podría tener una lista de sustancias restringidas (LSR). Muchas industrias (textil, electrónica, juguete, empaque) manejan LSR que van más allá de la ley. Si el proveedor no ha consultado esas listas o no las conoce, hay riesgo de incumplirlas.

En resumen, los issue titles indican situaciones de desalineación: o la empresa no sabe lo que quiere el cliente (fallo de comunicación/conciencia) o, sabiéndolo, no hace nada al respecto (falta de acción sistémica).

Es probable que en auditorías, para evaluar 10.A.C, los auditores pregunten: “¿Tienen ustedes algún requerimiento ambiental especial de sus clientes? ¿Qué hacen para cumplirlo?” Si la respuesta es “ninguno” o “no lo sé”, viene el hallazgo 600. Si responden “Sí, el cliente pide X, Y, Z” pero luego no se ve evidencia de iniciativas para X, Y, Z, vendría el hallazgo 948. Y si involucra sustancias, el 619.

Otro posible hallazgo, no listado explícitamente arriba pero implicado, es que no se mantiene comunicación con el cliente sobre desempeño ambiental. Por ejemplo, algunas auditorías miran si el proveedor entrega datos ambientales al cliente (huella de carbono del producto, por decir). Si el cliente lo pide y el proveedor no puede proveerlo, eso es una brecha.

Veamos ahora ejemplos concretos donde empresas de la región han gestionado (o no) estos retos.

Ejemplos de cumplimiento de 10.A.C (casos positivos)

Proveedor de empaques alineado a políticas de sustentabilidad de cliente (México): Una empresa mexicana que fabrica envolturas plásticas flexibles para una multinacional de snacks se enfrentó a nuevos retos cuando su cliente anunció un compromiso global: “para 2025, el 100% de nuestros empaques serán reciclables o reutilizables”. En ese momento, las envolturas que este proveedor hacía no eran reciclables (material multicapa complejo). Al enterarse del estándar, la empresa proveedor activó un plan interno: su departamento de I+D empezó a buscar resinas monomaterial reciclables, consultaron con el cliente para entender especificaciones (por ejemplo, si permitirían cambiar material mientras mantenga vida de anaquel), e invirtieron en maquinaria adaptable a nuevos films. También comenzaron a realizar pruebas piloto de empaque con materiales compostables en ciertas líneas. Además, en otros frentes, ese cliente pedía reducir la huella de carbono de la fabricación. Así, el proveedor instaló paneles solares para suplir parte de su electricidad y documentó la reducción de emisiones. Durante la siguiente auditoría SMETA, la empresa mostró evidencia de un sistema robusto: tenían un listado de estándares del cliente (tomados de su página web y acuerdos contractuales), habían hecho una evaluación comparativa identificando brechas (marcando “qué nos falta para llegar a cada meta”), y definieron proyectos con plazos. Tenían reuniones bimestrales de seguimiento de avance de esos proyectos, involucrando a ingeniería, calidad y compras. El auditor pudo ver muestras de nuevos empaques en desarrollo y resultados de laboratorio de reciclabilidad. Gracias a este enfoque, en pocos años el proveedor logró transformar su portafolio para cumplir al 100% la meta del cliente, asegurando la continuidad del negocio. Este ejemplo muestra cómo tomar en serio las políticas del cliente y actuar puede convertir un potencial riesgo (perder al cliente) en una oportunidad (innovar y fortalecerse). No hubo no conformidades en 10.A.C porque claramente existía un sistema para identificar y cerrar brechas.
Productor agrícola cumpliendo estándares de supermercado internacional (Centroamérica): Un exportador de vegetales de Centroamérica (Guatemala) provee a una cadena de supermercados en EU, la cual tiene una política de “Residuo Cero de Plaguicidas Prohibidos”. Esto significa que más allá de la regulación de tolerancias en destino, el cliente exige que no se use en cultivo ningún agroquímico prohibido en EU (aunque pudiera ser legal en Guatemala). El productor implementó un sistema de cumplimiento de estándares de cliente: contrató a un agrónomo dedicado a actualizar la lista de plaguicidas permitidos/vedados por el cliente, compararla con las fichas de todos los productos que usaban en finca, y eliminar/ sustituir cualquier ingrediente activo no aceptado. Introdujeron bio-pesticidas y controles biológicos para reemplazar moléculas cuestionadas. Adicionalmente, el cliente pedía certificación GLOBALGAP y Rainforest Alliance, así que el productor integró esos esquemas (que traen requisitos ambientales de conservación de ecosistemas, manejo de suelos, etc.). Tenían un calendario de auditorías internas para revisar alineamiento con esos estándares cada ciclo agrícola. Cuando llegó la auditoría SMETA, pudieron mostrar el cuadro de control donde listaban todas las exigencias del cliente (certificaciones, lista de pesticidas prohibidos, porcentajes de área de conservación, etc.), y al lado, las acciones realizadas: “OK – Fincas certificadas Rainforest en 2023”; “OK – Sustituido insecticida X por biológico Y”; “Pendiente – reducir uso de agua 10% en riego, plan 2024”, etc. El auditor quedó satisfecho de ver un manejo profesional de estas brechas y anotó que el sitio demostraba “conocimiento pleno y gestión activa de los compromisos ambientales de sus compradores”. Este esfuerzo benefició al productor, que se posicionó como proveedor confiable y recibió contratos a largo plazo gracias a su cumplimiento ejemplar.
Empresa de servicios adaptándose a políticas verdes de cliente corporativo: Una compañía centroamericana de catering industrial brindaba servicios de comedor a una gran empresa multinacional, la cual lanzó una iniciativa de “oficinas y operaciones verdes”. Al comunicarle su cliente que debían reducir residuos y huella ecológica, la empresa de catering implementó varias medidas: eliminó utensilios desechables plásticos en el comedor, introduciendo utensilios reutilizables; instauró un programa de compostaje con los residuos orgánicos de cocina para reducir basura enviada al vertedero; comenzó a separar reciclables (plásticos, latas) y los entregaba a recicladores locales, alineándose a la política de cero residuos a relleno. También empezó a adquirir ingredientes de proveedores locales y agroecológicos para reducir la huella de carbono de transporte y apoyar la meta de compras sostenibles del cliente. Documentaron todo este plan en informes mensuales que presentaban al cliente, mostrando la reducción de kg de residuos y la mejora en sostenibilidad. En una auditoría SMETA, aunque el alcance principal era manufactura, salieron a relucir estas prácticas del proveedor de servicios, evidenciando su respuesta a los estándares del cliente. El resultado fue positivo, sin hallazgos en 10.A.C – más bien, se destacó como buena práctica el trabajo colaborativo cliente-proveedor para mejorar el desempeño ambiental. Este ejemplo, aunque de servicios, recalca que todos los sectores pueden tener requisitos de clientes (por ejemplo, un banco global puede pedir catering carbono-neutral, etc.) y que responder a ellos es parte del cumplimiento ético moderno.

Ejemplos de incumplimiento de 10.A.C (casos negativos)

Proveedor ignorando políticas de cliente y perdiendo contrato: Un fabricante centroamericano de cajas de cartón proveía a una empresa multinacional de alimentos. El cliente adoptó una política de fibra certificada: exigía que el cartón proviniera 100% de fuentes certificadas FSC (Forest Stewardship Council) para asegurar sostenibilidad forestal. El proveedor, sin embargo, no tomó acción: siguió comprando papel reciclado de origen desconocido y virgen sin certificación, asumiendo que “no era gran cosa”. En la auditoría del cliente, falló ese punto. Internamente tampoco había intento de cerrar esa brecha (no investigó proveedores certificados, ni buscó certificar su cadena de custodia). Este descuido llevó a una no conformidad mayor. En términos de SMETA 10.A.C, claramente “no tenía sistema para remediar la brecha” con el estándar del cliente (hallazgo 948). El cliente dio un plazo de mejora, pero la empresa lo vio complejo y costoso, así que no cumplió en tiempo. Resultado: el cliente canceló el contrato y buscó un proveedor alternativo que sí pudiera suministrar cartón certificado. Este caso real demuestra que ignorar un requerimiento ambiental del cliente puede costar el negocio. Era un incumplimiento evitable – existían opciones de comprar materia prima certificada – pero la empresa no actuó, ya sea por negligencia o miopía, y perdió una relación comercial importante.
Fábrica textil con químicos restringidos – incumplimiento detectado en auditoría de cliente: Una textilera en El Salvador vendía a marcas internacionales de ropa. Estas marcas tienen estrictas LSR (listas de sustancias restringidas) que prohíben ciertos colorantes azo, metales pesados, ftalatos, etc. La textilera no hizo su tarea de revisar a fondo estas listas contra sus insumos. En una auditoría de cumplimiento del cliente (similar a SMETA pero enfocada en química), salieron positivos trazas de aminas aromáticas prohibidas provenientes de un colorante que usaban en tintura. La marca consideró esto una falla grave, pues su estándar era “cero uso de colorantes azo prohibidos”. La textilera alegó desconocimiento: “El proveedor de tintes no nos informó; no sabíamos que ese colorante generaba la amina X”. Justamente, eso es lo que 10.A.C busca evitar: hubiera sido su responsabilidad investigar los requisitos del cliente y asegurarse de que sus insumos los cumplen. El hallazgo equivalente sería el 619 (no estaba al tanto de requisitos de sustancias peligrosas del cliente). La consecuencia fue costosa: tuvieron que rastrear y sustituir ese insumo en todas sus líneas, enviar muestras a laboratorios para garantizar cumplimiento, y durante meses perdieron pedidos hasta re-establecer la confianza del cliente. Este ejemplo subraya que “no saber” no es excusa; el proveedor debe comunicarse con clientes y proveedores para enterarse y controlar las sustancias en sus productos según las expectativas más estrictas.
Empresa sin cultura de mejora ambiental frente a cliente exigente: Un caso más general: una empresa de manufactura en Centroamérica que tradicionalmente se enfocaba solo en costo y calidad no dio importancia a las iniciativas verdes que su principal cliente anunciaba. Por ejemplo, el cliente lanzó un programa de reducir 30% la huella de carbono de su cadena de suministro en 5 años, invitando a sus proveedores a participar (pidiendo datos de uso de energía, planes de eficiencia, etc.). La empresa ignoró las comunicaciones, pensando que era voluntario sin impacto. Cuando ese cliente decidió priorizar proveedores con mejoras ambientales (incluso otorgando más volumen de negocio a quienes alcanzaran reducciones), esta empresa quedó fuera de beneficios, e incluso fue catalogada como “rezagada” en los reportes de sustentabilidad del cliente. En la siguiente licitación, perdió puntos y contratos ante competidores que sí se alinearon a las metas. En SMETA, esto equivaldría a “no hay compromiso con mejorar según expectativas del cliente” – intangible pero observable en entrevistas y documentos (no tenían ningún plan de reducir emisiones o mejorar energéticamente a pesar de la petición formal del cliente). Es un incumplimiento de 10.A.C en el sentido de falta de sistema de mejora continua vinculada al cliente. Al final, la empresa aprendió por las malas que hoy día la sostenibilidad puede ser un factor de competencia impuesto por el mercado; tuvo que ponerse al día aceleradamente para recuperar posicionamiento.

Estos ejemplos demuestran que la desconexión entre lo que el cliente espera y lo que el proveedor hace puede tener consecuencias serias, desde no conformidades en auditorías hasta pérdida de negocios. Muchas veces no es por incapacidad técnica, sino por falta de atención estratégica de la empresa proveedora.

Errores comunes no intencionales en 10.A.C

Hay varias razones por las cuales las empresas fallan en este subrequisito, incluso con buena intención. Algunos errores no intencionales típicos son:

Asumir que cumplir la ley es suficiente: Este es quizás el error de concepto más común. Muchas empresas piensan “Si estoy legalmente al día, el cliente no puede pedirme más”. En realidad, los clientes globales a menudo sí piden más por políticas corporativas o presión de consumidores. No reconocer eso lleva a ignorar esas demandas “voluntarias” que luego resultan no ser tan voluntarias si quieres seguir siendo proveedor.
Falta de comunicación con el cliente: En algunos casos el cliente tiene estándares, pero el proveedor no se entera porque nadie pregunta o lee los contratos. Podría ser que el área comercial/ventas no transmite al área operativa las cláusulas ambientales acordadas. O se recibió un código de conducta de proveedor y quedó archivado sin difundirlo internamente. Esta desconexión interna hace que la empresa falle en algo que en papel aceptó. Entonces, un error es no leer la letra chica de los acuerdos con clientes o no hacer seguimiento a sus anuncios públicos en sostenibilidad.
Subestimar los cambios necesarios: A veces la empresa sí sabe lo que el cliente quiere, pero cree que “no es tan urgente” o “podemos cumplir más adelante”. Por ejemplo, sabe que debe reducir ciertos consumos pero piensa que mientras el cliente no presione directamente, puede posponerlo. Este optimismo o procrastinación puede costarle si llega una auditoría de seguimiento o un deadline. Las mejoras ambientales suelen tomar tiempo, por lo que no planificarlas con anticipación es un error (después corre contrarreloj sin lograr resultados reales).
Falta de capacidades técnicas para evaluar brechas: Algunas empresas no tienen personal capacitado para realizar un análisis comparativo entre estándares del cliente y su operación. Puede que tengan la información, pero no saben interpretarla. Por ejemplo, un cliente pide “debe demostrar reducción de huella de carbono”, y la pyme no tiene idea de cómo calcular su huella. Esa falta de conocimiento técnico puede paralizar acciones. No es intencional, simplemente no saben por dónde empezar.
Pensar que los estándares del cliente son opcionales: Si la empresa no percibe consecuencias inmediatas, puede catalogar los pedidos del cliente como “deseables pero no obligatorios”. Sin embargo, muchos programas de proveedores califican el desempeño en estos aspectos y eventualmente penalizan a los incumplidos. Tratarlo como opcional es un error; mejor asumirlo como mandato e integrarlo a la gestión.
No asignar responsables para estos temas: Similar a lo legal, si no hay un responsable de “gestionar requisitos de clientes”, puede quedar huérfano. Lo ideal es que algún gerente (de calidad, sostenibilidad o el mismo gerente general en empresas pequeñas) tome la batuta de entender y liderar la adaptación a estándares de clientes. Si se deja difuso, no se hacen los cambios.
Falta de inversión en mejoras necesarias: A veces el gap identificado requiere inversión (ejemplo, nueva tecnología más limpia, certificaciones, consultorías). Un error es no destinar presupuesto porque no ven retorno inmediato. Esto a la larga sale peor si se pierde al cliente. No invertir en mejoras para alinearse a clientes estratégicos es ahorrar centavos que cuestan dólares después.
Comunicación deficiente hacia el cliente sobre mejoras: Otra arista: puede que la empresa esté haciendo avances ambientales, pero no se los comunica al cliente. Entonces el cliente asume que no hace nada. Por ejemplo, un proveedor reduce su consumo de agua en 20% pero no reporta ese logro. El cliente podría no enterarse y seguir considerándolo un área de mejora pendiente. No informar logros es un error, porque los clientes valoran y a veces publican los progresos de su cadena de suministro. En SMETA esto no es hallazgo, pero es buena práctica.
No involucrar a los proveedores propios: Algunos estándares requieren que la cadena cumpla. Por ejemplo, “ingredientes de origen sostenible” implica que los proveedores del proveedor también cumplan ciertas condiciones. Un error es no trasladar esas exigencias aguas abajo. La empresa debe a su vez comunicar a sus suministradores si hay nuevos criterios (ejemplo: solo comprar insumos certificados, etc.). Si no, será difícil cerrar la brecha completa y puede quedar a medio camino.

Reconocer estos errores permite corregirlos. La clave es integrar la voz del cliente en la estrategia ambiental de la empresa y no tratar estos requerimientos como añadidos molestos, sino como parte de ser un socio comercial confiable en el siglo XXI.

Recomendaciones y buenas prácticas para 10.A.C

Para cumplir exitosamente con 10.A.C, las empresas deben volverse más proactivas y estratégicas en alinear su desempeño ambiental con las expectativas de sus clientes. A continuación, se listan recomendaciones y buenas prácticas concretas:

Recopilar y entender los requisitos ambientales de cada cliente clave: Haga una lista de sus principales clientes (especialmente aquellos internacionales o con fuertes políticas de RSE) y obtenga sus documentos de referencia: códigos de conducta de proveedores, políticas de abastecimiento sostenible, objetivos públicos en medio ambiente, listas de sustancias restringidas, etc. Muchos están disponibles en sus sitios web o portales de proveedores. Si no son públicos, solicítelos a su contacto de compras del cliente. Lea cuidadosamente esos documentos y marque las estipulaciones que aplican a su producto/proceso. Por ejemplo: si el código dice “proveedor deberá medir huella de carbono anual”, tome nota. Si la política dice “prohibido el uso de PVC en empaques”, subráyelo. Este es el insumo base.
Realizar un análisis de brechas (gap analysis): Con la información anterior, evalúe punto por punto su situación versus lo solicitado. Involucre a las áreas técnicas necesarias. Por ejemplo: el cliente pide que el empaque sea 50% reciclado para 2025 – consulte con su depto. de producción si su material actual tiene contenido reciclado y cuánto. Si es 0%, la brecha es 50%. O cliente prohíbe cierto químico – verifique en su inventario de químicos si lo usan; si sí, brecha = eliminarlo. Haga una tabla de brechas, clasificando por prioridad (según plazos del cliente o criticidad: hay cosas “must” y otras deseables). Cuantifique o describa la brecha lo más claramente posible (ejemplo: “Cliente requiere X, nosotros tenemos Y; diferencia = Z”).
Desarrollar un plan de acción para cada brecha: Por cada ítem identificado, elabore acciones para cerrarlo. Esto es el corazón del “sistema” que SMETA quiere ver. Incluya: qué acción (cambiar materia prima, implementar sistema de gestión, certificarse, reducir consumo X% etc.), responsable interno (asigne alguien a liderar esa tarea), recursos necesarios (inversión, personal, asistencia técnica), y plazo con hitos si aplica. Priorice acciones según urgencia del cliente y factibilidad. Algunas se podrán resolver rápido (por ejemplo, dejar de comprar un químico y sustituirlo), otras son proyectos grandes (instalar planta solar para energía renovable quizá tome más tiempo y capital). Tener un plan demuestra compromiso estructurado.
Integrar las metas del cliente en los objetivos ambientales de la empresa: En lugar de verlos externos, haga que formen parte de su propio sistema de gestión. Por ejemplo, si el cliente pide reducción de 20% de emisiones en 5 años, adopte esa meta dentro de sus objetivos corporativos de EHS o sostenibilidad. Así, le dará seguimiento como a cualquier otro KPI interno. Algunas empresas crean indicadores específicos para esto y los monitorean trimestralmente. Esto también ayuda a que la alta dirección se involucre, pues ve esos objetivos en sus cuadros de mando.
Comunicar internamente los estándares del cliente: No deje ese conocimiento solo en gerencia. Difúndalo a todos los niveles pertinentes. Si un cliente prohíbe algo, todos los que puedan influir (compras, producción, I+D, calidad) deben saberlo. Podría impartir un taller interno titulado “Requisitos ambientales de nuestro cliente X” explicando qué quieren y por qué es importante para mantener el negocio. Cuando la gente entiende que es por mantener al cliente, suele haber mayor colaboración. Haga también que los mandos medios integren esos requerimientos en sus procedimientos diarios (por ejemplo, instruir a compras que incluyan en órdenes a proveedores la especificación de “material certificado” si el cliente lo exige).
Fortalecer la comunicación con el cliente sobre temas ambientales: No tema entablar diálogo con sus clientes acerca de sus estándares. Si algo no es claro o parece muy ambicioso, pregunte cómo pueden apoyarle. Muchas grandes empresas ayudan a sus proveedores con capacitaciones, financiamiento de mejoras o al menos aclaración de dudas. Informe periódicamente a sus clientes de los progresos que realiza. Si implementó una mejora (ejemplo: ahorro de agua, eliminación de cierto químico), cuénteselo – a veces eso influye en sus evaluaciones. Esta transparencia genera confianza y muestra actitud colaborativa. Al mismo tiempo, si prevé dificultad en cumplir alguna meta a tiempo, es mejor sincerarse con antelación y presentar un plan alternativo que solo fallar sin aviso.
Buscar certificaciones o reconocimientos pertinentes: Si el cliente valora ciertas certificaciones (ejemplo. ISO 14001, FSC, Rainforest Alliance, Carbon Neutral, etc.), evalúe seriamente obtenerlas. Una certificación provee un marco ordenado para cumplir estándares y es evidencia tangible de su compromiso. Por ejemplo, si su cliente habla mucho de economía circular, tal vez una certificación Zero Waste to Landfill (cero residuos a relleno) la impresionará. O si piden buenas prácticas agrícolas, certificarse GlobalGAP lo posiciona bien. Esto no reemplaza acciones reales, pero es un buen complemento porque auditores SMETA lo verán como cumplimiento proactivo más allá de lo mínimo.
Involucrar a proveedores propios (cascada): Si parte de los requisitos del cliente depende de su cadena de suministro (por ejemplo, materias primas certificadas, químicos aprobados), extienda esas expectativas a sus proveedores. Comuníqueles las nuevas especificaciones, apóyelos para que también cumplan (así como su cliente lo hace con usted). Esto muestra a los auditores que su sistema abarca toda la cadena, no solo su planta. Ejemplo: exigir a su proveedor de papel que tenga certificación forestal; cambiar a proveedores de químicos ecológicos si el cliente lo pide, etc.
Documentar el sistema de gestión de brechas: Formalice en algún documento o manual sencillo su sistema SMETA 10.A.C: cómo recopila requisitos de clientes, quién los analiza, cómo se elaboran planes, cómo se monitorea el avance y cómo se valida que la brecha se cerró. Puede ser parte de un procedimiento de “Gestión de requisitos de partes interesadas” o “Gestión de requisitos de clientes”. Tenerlo por escrito ayuda a no depender de la memoria institucional y sirve al auditor como evidencia de un enfoque sistemático. Además, conserve expedientes: por ejemplo, copias de los códigos de conducta de cada cliente, matrices de brechas llenadas, planes de acción con estatus, correos intercambiados con clientes sobre estos temas, etc.
Revisar y actualizar regularmente: Los estándares del cliente pueden cambiar con el tiempo (a veces se ponen más estrictos o agregan nuevos objetivos). Por ello, revise al menos anualmente si hay nuevas expectativas. Asimismo, revise internamente el progreso en las acciones. Si algo no está funcionando, ajuste la estrategia. Es un ciclo de mejora continua. De hecho, SMETA 7 en su enfoque de sistemas de gestión valora la capacidad de la empresa de monitorear y mejorar en el tiempo.
Demostrar impacto y cierre de brechas logrado: Finalmente, tangibilice los logros. Si logró bajar su huella de carbono de 1000 a 800 ton CO₂, tenga ese cálculo disponible para compartir. Si cambió a 80% material reciclado, guarde certificados de su materia prima. Si eliminó cierto químico, muestre la nueva fórmula o SDS del reemplazo. Cuando un auditor SMETA pregunte “¿cómo sabe que está cumpliendo con lo que el cliente espera?”, usted podrá exhibir datos y resultados concretos, no solo intenciones.

Al implementar estas buenas prácticas, la empresa pasa de un enfoque pasivo a uno estratégico y colaborativo con sus clientes en materia ambiental. Esto no solo evita no conformidades en auditorías SMETA (donde cada vez más compradores incluyen el 10.A.C para ver alineación de su cadena), sino que posiciona al proveedor como socio valioso. En mercados globales donde la sostenibilidad es cada vez más demandada por consumidores e inversores, los clientes premiarán a quienes los ayuden a cumplir sus metas. Por lo tanto, 10.A.C no es un trámite, es una oportunidad de innovación, diferenciación y permanencia en el negocio.

10.A.D – Control de sustancias peligrosas: listado, cumplimiento de requisitos de clientes y leyes de destino

Explicación: El subrequisito 10.A.D de SMETA 7.0 establece: “Mantener una lista de sustancias peligrosas (por ejemplo, productos químicos y pesticidas) utilizadas en la fabricación o en componentes adquiridos. Asegurarse de que cumplan con los requisitos de sus clientes y con la legislación relevante en los países de destino para dichas sustancias.”.

Este apartado es específico y crucial, pues aborda la gestión de sustancias químicas peligrosas en la operación y en la cadena de suministro, con dos obligaciones principales:

Mantener un inventario o lista completa de las sustancias peligrosas que se utilizan ya sea en la fabricación propia o que vienen incorporadas en insumos/componentes comprados. Esto implica conocer exactamente qué químicos (materias primas, auxiliares, etc.) se emplean y en qué productos o procesos, así como qué pesticidas se usan si se trata de una operación agrícola.
Verificar que esas sustancias cumplen tanto con a) los requisitos de los clientes (lo que conecta con 10.A.C, pero aquí aplicado específicamente a sustancias) y b) la legislación relevante en los países de destino de los productos. Es decir, no basta que el químico sea legal en el país de fabricación; si el producto final se exporta, hay que considerar las leyes/regulaciones del país importador relacionadas a ese químico en el producto.

Este subrequisito es particularmente relevante para empresas cuyos productos puedan contener trazas o componentes químicos regulados (ejemplo: envases que podrían transferir sustancias a alimentos, textiles con colorantes, juguetes con plastificantes, productos agrícolas con residuos de pesticidas). Incluso en servicios o manufacturas simples, aplica en cuanto al manejo de químicos in situ y lo que sus clientes permiten en procesos.

Mantener la lista de sustancias peligrosas es similar a lo requerido por normas de seguridad industrial (OSHA por ejemplo obliga a un inventario de químicos con SDS). Aquí, la lista debe cubrir todas las sustancias peligrosas utilizadas. “Peligrosas” usualmente se define por reglamentos locales (químicos inflamables, tóxicos, corrosivos, etc.) o por su potencial impacto en salud/ambiente. Incluiría solventes, pinturas, adhesivos, combustibles, reactivos de limpieza, etc., usados en la fábrica; y en agricultura, fertilizantes químicos, plaguicidas, etc.

Pero SMETA va más allá: pide mirar si esas sustancias son aceptables para los clientes y para las leyes del destino.

Requisitos de clientes: Muchos clientes, como se explicó en 10.A.C, tienen listas de sustancias restringidas (LSR). Por ejemplo, grandes empresas de alimentos pueden prohibir ciertos químicos en empaques que contacten comida (como BPA en resinas o ftalatos en plásticos). Marcas de ropa restringen colorantes azo o PFC. Retailers globales sacan listas de químicos prioritarios a eliminar (Walmart, Target en EE.UU. tienen políticas al respecto, por ejemplo). El proveedor debe asegurarse de que nada de lo que él use o meta en el producto final esté en esas listas negras, o si lo está, que su presencia esté por debajo de límites permitido.
Legislación en países de destino: Si exportamos a la UE, por ejemplo, debemos cumplir REACH (registro de químicos) y la Directiva de Seguridad de Empaques que limita metales pesados totales en envases a 100 ppm. Si exportamos juguetes a EE.UU., debemos cumplir la ley CPSIA que restringe ftalatos y plomo. Si vendemos alimento a ciertos países, quizá debamos seguir límites de residuos de pesticidas específicos. Este subrequisito recalca que no podemos quedarnos con “es legal en mi país”; hay que conocer y obedecer las normas del mercado final del producto.

En nuestro contexto (envases, alimentos, etc.), un ejemplo sencillo: supongamos una fábrica en Centroamérica produce envases plásticos para una empresa en Europa. La empresa debe verificar que sus envases cumplen la Regulación (CE) No. 10/2011 de la UE sobre materiales plásticos en contacto con alimentos (que incluye listas positivas de monómeros, límites de migración de sustancias, etc.). Y también que no contengan sustancias prohibidas por la UE (por ejemplo, ciertos colorantes o aditivos). Esto además del cliente que puede pedir certificaciones de inocuidad.

Otro ejemplo: un productor agrícola en LATAM exporta a Japón – Japón tiene límites de residuos de pesticidas distintos a la ley local, incluso prohíbe algunos que localmente están permitidos. La empresa debe gestionar su lista de agroquímicos para asegurar que ninguno de sus residuos supere o viole las normas japonesas.

Básicamente, 10.A.D es un punto muy técnico que requiere conocimiento químico y regulatorio detallado. El auditor SMETA verificará si: la empresa tiene su inventario de químicos, si conoce cuáles son peligrosos, si hay control sobre ellos (etiquetado, SDS), y si se han identificado restricciones legales del destino/cliente y adoptado medidas. Revisará probablemente SDS de sustancias para ver composición y si alguna está prohibida en EU/USA según los destinos. O preguntará “¿Tiene su cliente alguna sustancia prohibida? ¿Cómo se asegura de no usarla?”. También es posible que chequeen si los productos finales cumplen, pidiendo certificados de análisis o test de laboratorio de cumplimiento con normas de destino.

Hay solapamiento con 10.A.B (cumplir leyes locales de químicos, ejemplo, almacenar y desechar bien) y con 10.A.C (alinearse a estándares de cliente), pero 10.A.D lo enfatiza hacia sustancias específicas.

Es un subrequisito crítico, porque un hallazgo de sustancia prohibida puede implicar retiros de mercado, rechazos de importación y daños graves. Lo veremos en ejemplos y prácticas.

Principales Issue Titles asociados a 10.A.D

Los hallazgos que SMETA asocia a 10.A.D evidencian falta de control sobre químicos peligrosos o incumplimiento con estándares de sustancias. Destacan:

No llevar lista completa de sustancias peligrosas: “El sitio no mantiene una lista completa de las sustancias peligrosas relevantes (por ejemplo, químicos y pesticidas) utilizadas.”. Este es el código 949. Indica que la empresa no tiene inventario actualizado de químicos peligrosos. Por ejemplo, si en una auditoría se pregunta “muéstreme su listado de químicos” y no existe, o está incompleto (dejan por fuera algunos), se configura este hallazgo. Es señal de pobre gestión de químicos.
Incumplimiento con requisitos de cliente/ley de destino en sustancias: “El sitio no cumple con los requisitos del cliente y la legislación relevante en países de destino.”. Este hallazgo (código 950) implica que alguna sustancia usada o presente en el producto final no es conforme a lo que pide el cliente o a la regulación del país al que se exporta. Por ejemplo, si el auditor detecta que usan un retardante de flama prohibido por el cliente en sus piezas, o que un componente de su empaque está vetado en la UE. Es un hallazgo grave porque suele referir a potenciales violaciones de normativas internacionales o contrato con cliente.

Además de estos dos, que son los explícitos, se relacionan también:

Desde 10.A.C: “No consciente de requisitos de sustancias peligrosas del cliente” (código 619). Pero este se aplicaría si la ignorancia es el problema. En 10.A.D más bien se ve la consecuencia.
También, algún hallazgo de 10.A.B podría vincularse, por ejemplo 972 “no cumplimiento de regulaciones sobre sustancias peligrosas” si es local, pero 950 se refiere a destino/cliente específicamente.

En resumen, un hallazgo 949 muestra falta de control interno (no saber qué químicos hay), y un 950 muestra falta de cumplimiento externo (usar químicos indebidos para cliente o mercado).

Veamos ahora ejemplos reales donde empresas manejaron bien o mal sus sustancias peligrosas.

Ejemplos de cumplimiento de 10.A.D (casos positivos)

Inventario químico y control de sustancias en una planta de plástico (Guatemala): Una fábrica guatemalteca de envases plásticos alimenticios, consciente de los requisitos internacionales, desarrolló un estricto control de sustancias peligrosas. Primero, creó un inventario maestro de sustancias químicas usadas: resinas, aditivos, tintas de impresión, solventes de limpieza, lubricantes, etc. Cada entrada del inventario incluye: nombre químico, proveedor, para qué proceso se usa, clasificación de peligrosidad (según su SDS), si permanece en el producto final o se consume en proceso, y qué normativas le aplican. Identificaron que muy pocas de sus sustancias terminan en el producto (principalmente tintas y aditivos menores), así que enfocaron control en esas. Para verificar cumplimiento con leyes de destino, enviaron muestras de sus envases a un laboratorio para hacer pruebas de migración global y específica, asegurando que cumplen FDA (EE.UU.) y EU (Reglamento UE 10/2011) – los resultados confirmaron que no migran sustancias tóxicas arriba de límites. Adicionalmente, consultaron las listas de sustancias restringidas de sus dos mayores clientes: descubrieron que uno prohibía el uso de colorantes con plomo o cadmio. Revisaron sus tintas y pigmentos: sus proveedores certificaron que no contenían metales pesados y estaban dentro de la directiva RoHS. Toda esta documentación (inventario, SDS, certificados libres de plomo/cadmio, reportes de laboratorio) fue archivada y presentada en auditoría. El auditor SMETA quedó impresionado con la organización: no solo tenían la lista, sino que cada sustancia estaba evaluada vs requisitos de cliente (marcaron “cumple” o “no aplica” para cada criterio) y vs leyes (tenían un checklist de por ejemplo requisitos FDA cumplidos). Como resultado, 10.A.D no tuvo hallazgos; al contrario, se señaló como buena práctica. Esto da confianza al cliente de que sus envases pueden usarse mundialmente sin problema.
Gestión de lista de pesticidas en finca certificada (Costa Rica): Una finca productora de piña en Costa Rica, exportadora a UE y EE.UU., implementó un sistema riguroso de manejo de agroquímicos. Contaban con un listado de todos los pesticidas y fertilizantes que usan en el cultivo, con su ingrediente activo, categoría toxicológica y dosis. Para asegurar cumplimiento con mercados destino, comparaban sus ingredientes activos con las regulaciones de la UE (Límites Máximos de Residuos – LMR permitidos) y con la EPA de EE.UU. Descubrieron que un herbicida común que usaban estaba en proceso de prohibición en la UE por generar residuos no deseados; inmediatamente buscaron alternativas y lo eliminaron antes de que cause problemas. La finca además estaba certificada GlobalGAP, que exige llevar un registro pormenorizado de aplicaciones de plaguicidas y respetar tiempos de reentrada y carencia para evitar exceder LMR. En auditoría SMETA, proporcionaron su lista de plaguicidas autorizados (aprobada por su agrónomo jefe y actualizada cada año según cambios legales), así como los resultados de análisis residuales de un laboratorio externo que confirmaban que su fruta no contenía sustancias prohibidas ni excedía niveles legales en destino. También mostraron las hojas de seguridad de los productos agroquímicos y su almacenamiento adecuado. El auditor validó que “la finca mantiene un estricto listado de agroquímicos y ha eliminado aquellos no permitidos por los mercados de exportación”. Así, cumplieron 10.A.D ejemplarmente. Este caso resalta que en agricultura, anticiparse a las regulaciones de destino (que suelen ser más estrictas) es vital para no perder embarques ni mercados.
Eliminación de sustancias restringidas en manufactura de empaques (México): Una empresa mexicana que imprime envases flexibles para alimentos recibió de un cliente global la indicación de evitar ciertos solventes en las tintas (por potenciales trazas de benzeno, tolueno, etc. que son indeseables). La empresa ya llevaba su inventario químico y notó que efectivamente algunas de sus tintas base solvente podían contener tolueno. Se coordinó con el proveedor de tintas una transición a tintas libres de tolueno (lo cual también mejora la seguridad ocupacional). Durante esa conversión, identificaron otras sustancias a optimizar, por ejemplo, cambiar a adhesivos sin solvente para laminar capas. Tras un año, lograron que el 100% de sus insumos químicos fueran de grado alimentario y cumplieran no solo la normatividad mexicana sino los lineamientos del cliente (que se inspiraban en FDA). Mantuvieron la lista de sustancias actualizada reflejando los nuevos productos y tachando las eliminadas. Documentaron la comunicación con sus proveedores solicitando confirmación por escrito de la ausencia de ciertas sustancias. En la auditoría, el auditor pudo verificar esta trazabilidad química: desde la lista maestra hasta los certificados de conformidad de los insumos. No hubo observaciones en 10.A.D; incluso, el esfuerzo sirvió para 10.A.C también ya que mostraron receptividad a las exigencias del cliente. En suma, la empresa convirtió un requisito en una mejora de proceso, obteniendo envases más seguros. Hoy sus empaques resaltan “tinta sin solventes tóxicos”, lo que es un valor agregado.

Ejemplos de incumplimiento de 10.A.D (casos negativos)

Rechazo de exportación por químico no conforme (Honduras -> UE): Una empresa hondureña de fabricación de utensilios plásticos para cocina exportó un lote a la Unión Europea. Al pasar por aduanas, las autoridades detectaron que el material plástico contenía niveles de ftalatos (usados como plastificantes) superiores a los permitidos en la reglamentación europea para artículos en contacto con alimentos. El lote fue retenido y eventualmente devuelto/destruido, generando pérdidas considerables y alerta a los clientes. ¿Qué pasó? La empresa utilizaba un aditivo plastificante que en Honduras no está prohibido, pero la UE prohíbe ciertos ftalatos (como DEHP) en productos de vinilo por riesgos a la salud. La empresa no tenía en su lista de sustancias consideraciones sobre legislación de destino; su inventario simplemente decía “plastificante X – proveedor tal”, sin análisis de si ese X era aceptable en Europa. Tampoco tenía información de clientes al respecto. Este es un claro incumplimiento de 10.A.D: faltó el aseguramiento de que la sustancia cumplía en el país de destino. El hallazgo en SMETA sería “sitio no cumple con legislación del país de destino en sustancias peligrosas”. Tras el incidente, la empresa tuvo que reformular su plástico con un plastificante alternativo permitido y hacer test de migración para no repetir el error. Pero perdió temporalmente la confianza de importadores. Este caso ilustra lo crítico de “pensar global” en químicos: algo común localmente puede ser “non grato” afuera, y la ignorancia no evita las consecuencias.
Ausencia de inventario químico – mezcla peligrosa de sustancias (El Salvador): En una fábrica salvadoreña de productos de limpieza se encontró una situación peligrosa: no tenían un inventario unificado de sustancias. Diferentes áreas almacenaban químicos (algunos inflamables, otros tóxicos) sin un registro central. En auditoría SMETA, al pedirse la lista de sustancias peligrosas, presentaron una lista parcial elaborada a prisa que omitía varios solventes. Por ejemplo, no listaron acetona porque “solo la usan en mantenimiento”, pero es peligrosa e inflamable. Tampoco tenían registradas sustancias en componentes comprados: un perfume concentrado que compraban tenía metanol (tóxico) y ellos no lo sabían bien porque no tenían la SDS del proveedor. Este caos resultó en varios hallazgos: falta de lista completa de químicos (issue 949) y también incumplimientos de seguridad, aunque centrados en SMETA, se documentó la debilidad en control de sustancias. Afortunadamente no había un caso conocido de incumplir ley de destino (pues vendían local), pero el riesgo interno era alto. Tras la auditoría, la empresa tuvo que emprender un proyecto de inventariado, solicitar fichas de datos de seguridad a todos sus proveedores, y educar a su personal en manejo de químicos. Este ejemplo evidencia que sin un sistema básico (la lista), es casi imposible luego asegurar nada sobre cumplimiento con clientes o leyes externas. Es un paso fundamental que no se debe omitir.
Uso de sustancia prohibida por cliente – detección en test aleatorio (México): Una maquiladora de productos plásticos en México proveía componentes a una empresa electrónica. Este cliente tenía prohibido el uso de PBDEs (éteres difenílicos polibromados, un tipo de retardante de flama) en cualquier plástico, alineado con normas RoHS. La maquiladora, sin embargo, seguía empleando un retardante antiguo con PBDE para ciertas piezas, desconociendo la restricción. En un control de calidad aleatorio del cliente, mandaron a analizar la pieza y encontraron presencia de PBDE. Esto derivó en un reclamo severo: el proveedor había firmado cumplir RoHS (que prohíbe PBDEs), por lo que esto era un incumplimiento contractual y de 10.A.D. El hallazgo se clasificaría como “no cumple requisitos de cliente en sustancias peligrosas”. La maquiladora se defendió diciendo que su proveedor de materia prima no les informó que esa resina tenía PBDE, pero ese es justamente el punto: debieron exigir composiciones o certificados libres de ciertas sustancias a sus proveedores. La consecuencia: el cliente demandó reemplazar todas las piezas entregadas con unas libres de PBDE a costo del proveedor, y este tuvo que absorver el gasto y cambiar su compuesto de inmediato bajo supervisión. Además quedó en “riesgo” de ser sustituido. Este caso muestra que ignorar los detalles de las LSR de clientes es costoso. Una mejor comunicación con la cadena (proveedor de resina) y mantener un listado vigilado de aditivos hubiera prevenido la situación.
Amonestación por no considerar normativas emergentes (Plaguicida banneado en destino): Un exportador de café en Nicaragua siguió usando durante 2021 un insecticida que, si bien permitido localmente, fue prohibido por la UE ese mismo año (clorpirifos, por ejemplo, cuyo LMR se redujo a casi cero en la UE). No actualizaron su lista de sustancias para eliminarlo, y en 2022 algunos lotes de café fueron rechazados en Europa por contener trazas. Esto se traduce en pérdidas económicas y reputacionales. En auditoría SMETA, verían que su lista de pesticidas no había sido actualizada para reflejar los cambios regulatorios en destinos, cayendo en incumplimiento de 10.A.D. Este ejemplo, similar a anteriores, recalca la importancia de mantener la lista viva y adaptarla a normativas emergentes en mercados clave. Lo que ayer era aceptable, mañana puede no serlo.

Errores comunes no intentionales en 10.A.D

La gestión de sustancias peligrosas y cumplimiento asociado es compleja, por lo que incluso con voluntad las empresas cometen varios errores inocentes pero significativos:

No involucrar al departamento adecuado en el inventario: A veces, Seguridad Industrial realiza un inventario de químicos para propósitos de salud y seguridad, pero Calidad u I+D no lo usan para control de sustancias en producto. Esta desconexión puede dejar fuera químicos presentes en el producto (por ejemplo, monómeros residuales, etc.) porque solo listaron lo de bodega. Hay que asegurar que el listado incluya todo químico relevante a producto, no solo a proceso.
Creer que el proveedor se encarga del cumplimiento químico: Muchas empresas confían ciegamente en sus proveedores de materia prima, asumiendo que “ellos sabrán cumplir las normas”. Pero el proveedor puede no saber a qué país irá el producto final o puede tener formulaciones distintas según mercado. El error es no pedir explícitamente confirmaciones o certificados de que los insumos cumplen X o Y normativa (FDA, EU, etc.) o no contienen tal sustancia. Los proveedores suelen proveer SDS, pero estas a veces no listan sustancias <1%. Un cliente informado pide hasta declaraciones de no presencia de ciertas sustancias.
No actualizar la lista de sustancias periódicamente: Al igual que con leyes, las formulaciones y productos cambian. Si no se revisa la lista cada cierto tiempo, puede quedar desactualizada. Por ejemplo, se empieza a usar un nuevo limpiador en la planta pero no se agrega al inventario. O se compra materia prima de nuevo origen con impurezas diferentes. Actualización continua es necesaria, al menos anual o cuando hay cambios significativos.
Falta de capacitación en lectura de normativas químicas internacionales: Saber qué sustancias están prohibidas o limitadas en otros países no es trivial; requiere cierto conocimiento técnico-legal. Un error es no capacitar o asignar a alguien para esta tarea. Muchas veces recae en el de calidad o en el de exportaciones sin tener conocimiento profundo. Apoyarse en consultores o bibliografía especializada (por ejemplo, la normativa EU, regulaciones FDA) es necesario para armar la matriz de cumplimiento. No hacerlo deja huecos.
No disponer de métodos de verificación (ensayos de laboratorio): Suponiendo que todo está bien sin confirmarlo es riesgoso. Por ejemplo, no medir el contenido de metales en un empaque pensando que “seguro no tiene” puede ser un error si el proveedor recicló material con trazas. No invertir en análisis externos de vez en cuando para validar ausencia de sustancias críticas es un fallo. Las empresas que cumplen suelen hacer test anuales de sus productos para asegurarse.
Confundir “peligroso” con “regulado”: No todas las sustancias peligrosas para manejo son ilegales en producto, y viceversa. Un error conceptual: enfocarse solo en químicos de seguridad (inflamables, etc.) y no en aquellos que impactan cumplimiento (tóxicos a largo plazo, etc.). Por ejemplo, la acetona es inflamable (peligrosa a nivel planta) pero no es particularmente restringida en productos; en cambio el BPA puede no ser “peligroso” para manejo diario pero está restringido en policarbonato para ciertos usos. Hay que diferenciar esos enfoques.
Descuidar componentes comprados o embalajes: A veces se controla la formulación principal pero no se revisan componentes menores. Ejejmplo: no evaluar la tinta del proveedor de etiqueta, o el barniz de la lata de conserva, etc. Un error es no extender el control a todo lo que compone el producto final. Las empresas deben pedir a cada sub-proveedor información de sustancias restringidas.
No considerar los residuos o subproductos: En agricultura, por ejemplo, el químico aplicado se transforma en metabolitos, a veces esos metabolitos son los regulados. Un error es no conocer que residuo queda. En industria, un monómero residual puede polimerizar casi todo pero un rastro queda y ese es el que regula UE. Si no se comprende la química de fondo, puede subestimarse algo.
Exceso de confianza en “pequeñas cantidades”: Pensar “uso muy poco de tal sustancia, no importará”. Pero a veces incluso trazas ínfimas sobrepasan límites en alimento (ppb). No se debe ignorar un químico en la lista porque se use poco, todos cuentan.
No integrarlo con Salud y Seguridad: Aunque es otro pilar, vale mencionar que la lista de sustancias peligrosas también sirve para H&S (entrenamiento, fichas SDS accesibles). Un error es llevarlos separados: duplicando trabajo y quizás con inconsistencias. Lo ideal es un único inventario maestro que sirva a ambos propósitos (regulatory compliance y safety).

Conociendo estos errores, se pueden prevenir adoptando un enfoque metódico. Casi todos se reducen a falta de información o verificación, que son solucionables con sistema y cultura.

Recomendaciones y buenas prácticas para 10.A.D

El cumplimiento de 10.A.D requiere un enfoque técnico minucioso. Las siguientes prácticas ayudarán a fortalecer el control sobre sustancias peligrosas y su conformidad con clientes y leyes internacionales:

Desarrollar y mantener un Inventario Maestro de Sustancias Químicas: Como base, cree un inventario completo de todas las sustancias químicas peligrosas que se usan en su operación y las que puedan estar presentes en productos/componentes. Incluya: nombre del producto químico comercial y nombre del ingrediente activo o sustancia principal, proveedor, cantidad típica en almacén, para qué se utiliza, área donde se usa, si permanece en el producto final o no, y su clasificación de peligro (según GHS u otra norma). Marque claramente cuáles son consideradas sustancias críticas por su toxicidad o por regulaciones externas. Actualice este inventario cada vez que se introduzca un nuevo químico o se descontinúe otro, y verifíquelo al menos anualmente contra compras y stocks. Esto asegurará que su lista esté viva y refleje la realidad.
Obtener y archivar SDS y especificaciones de todos los químicos y materiales: Por cada sustancia o mezcla en la lista, recabe su Hoja de Datos de Seguridad (SDS) más reciente, preferiblemente en idioma local o inglés. Las SDS proveen composición (al menos los ingredientes peligrosos mayores a cierto porcentaje), propiedades y regulaciones aplicables. También consiga certificados de conformidad de sus proveedores de materias primas sobre regulaciones específicas: por ejemplo, si compra resinas plásticas, pida al proveedor una carta que confirme que su resina cumple FDA para contacto alimentario, o cumple la directiva RoHS (si aplica a su producto). Tener estas confirmaciones le ayudará a verificar cumplimiento y a mostrar evidencia en auditorías. Organice un dossier con todas las SDS y certificados, indexado según su inventario.
Verificar restricciones legales en mercados de destino: Identifique los países o regiones donde sus productos terminan (o podrían terminar via sus clientes). Para cada uno, investigue qué regulaciones existen en cuanto a sustancias químicas en productos de su tipo. Por ejemplo: si exporta textiles a EU, conocer CPSIA; si exporta plástico a UE, conocer REACH y regulaciones de contacto alimentario; si exporta alimentos, conocer límites de residuos de pesticidas del país importador. Puede apoyarse en asesores o bases de datos (algunas cámaras de comercio proveen resúmenes, la Unión Europea publica listas de sustancias restringidas, etc.). Haga una matriz de requisitos legales por destino enfocada en sustancias. Luego, compare su inventario con esas listas: marque si alguna sustancia de su inventario aparece en la lista de prohibidas del destino o tiene límites. Si es así, evalúe niveles, necesidad de eliminación o sustitución. Si su producto final se analiza en destino (ejemplo: migración, residuos), asegúrese de realizar pruebas internas para comprobar que cumple con esos límites. Documente esta evaluación para evidenciar que ha considerado la legislación internacional – es justo lo que SMETA busca.
Consultar y cumplir la Lista de Sustancias Restringidas (LSR) de cada cliente relevante: Como parte de 10.A.C usted recolectó requisitos de clientes; ahora específicamente tome sus LSR o políticas químicas y confróntelas con su lista. Haga un checklist donde figuren las sustancias prohibidas por el cliente y al lado indique “Usada en sitio S/N” y “Acción”. Si alguna de esas prohibidas aparece en su inventario (o pudiera estar como impureza), debe planear su eliminación o reemplazo inmediato. Si está restringida (no totalmente prohibida pero limitada), asegúrese de estar por debajo del umbral, y demuéstrelo con datos. Por ejemplo, si el cliente permite <100 ppm de plomo en envases, y usted utiliza tintas con posibles trazas de plomo, haga analizar su empaque para confirmar que está bajo 100 ppm total de metales. Guarde resultados. Muestre a su cliente las adaptaciones: muchas veces ellos ofrecen alternativas o validan sustitutos.
Implementar procedimientos de aprobación de nuevos químicos: Para mantener el control a futuro, establezca un procedimiento donde ningún nuevo químico entre a planta o nuevo material se use sin una revisión previa de EHS/Calidad. Este procedimiento deberá verificar: que el químico tenga SDS, que no esté en listas prohibidas de clientes o destinos, y que se pueda manejar con seguridad. Solo tras esa aprobación, el departamento de compras adquiere el nuevo químico. Esto evitará que, por ejemplo, un supervisor compre por su cuenta un limpiador “X” que contenga algo prohibido. Centralice y formalice la introducción de sustancias.
Capacitación en manejo seguro y etiquetado (sin olvidar requisitos de cliente): Asegúrese de que todo el personal que maneja químicos peligrosos esté entrenado en su uso seguro, entienda las etiquetas y pictogramas, y sepa dónde encontrar las SDS (esto es también cumplimiento de OSHA u OHS, pero complementa 10.A.D). Incorpore en la capacitación la conciencia de por qué ciertos químicos no deben usarse: “esta sustancia está prohibida por nuestro cliente X o porque exportamos a Y, por eso no se puede emplear”. Esto sensibiliza a los operarios a no improvisar con sustancias no aprobadas. Un buen sistema es rotular claramente las áreas de químicos autorizados y mantener candados administrativos para evitar usos no previstos.
Sustitución y eliminación de sustancias peligrosas (cuando sea viable): Aplique los principios de química verde y gestión proactiva: si identifica en su inventario sustancias muy tóxicas o cuestionadas en la industria, busque alternativas más seguras, incluso si aún son legales. Por ejemplo, reducir solventes orgánicos volátiles cambiando a base agua, o cambiar pesticidas de categoría I (muy tóxicos) por otros menos dañinos. Esto reduce riesgos de incumplir futuras restricciones y mejora la seguridad. Cree un plan de sustitución para las sustancias marcadas como “a eliminar” ya sea por peligrosidad o futuras regulaciones. Algunas sustituciones llevan tiempo, pero planearlas con antelación es clave. Comuníqueselo al cliente si es en respuesta a su requerimiento – apreciarán su iniciativa.
Monitoreo y pruebas de laboratorio periódicas: No se quede solo con papeles. Realice pruebas analíticas regularmente para garantizar que sus productos no contengan sustancias no deseadas. Por ejemplo, análisis de metales pesados en sus materiales, pruebas de migración de monómeros residuales, análisis de residuos de pesticidas en cosechas antes de exportar, etc. Esto sirve de doble check contra su control documental. Si algo aparece, podrá tomar acción antes de que llegue a manos del cliente o autoridad. Guarde los informes de laboratorio como evidencia. Un auditor SMETA vería con muy buenos ojos que la empresa invierte en verificar su cumplimiento químico más allá de lo teórico, mostrando responsabilidad hacia consumidores finales.
Gestionar adecuadamente las sustancias en planta (almacenamiento, segregación y disposición): Aunque 10.A.D se enfoca en lista y cumplimiento cliente/ley, no se debe olvidar que mantener el control físico es fundamental. Almacene los químicos peligrosos identificados en áreas seguras, con contención de derrames, compatibles (segregados por tipo para evitar reacciones), con etiquetas claras. Haga seguimiento de consumos – por ejemplo, use bitácoras para registro de uso de pesticidas por lote en agricultura, o de cantidades de solvente consumidas mensualmente. Esto le permite saber realmente cuánto de cada sustancia ingresa a sus productos o al ambiente, y facilita calcular si pudieran exceder límites. Disponga correctamente los residuos químicos: contáctese con gestores autorizados para disposición de químicos caducos, envases vacíos, etc., evitando acumulaciones que compliquen su inventario. Un lugar ordenado y seguro refuerza la impresión de control durante la auditoría.
Mantenerse actualizado sobre regulaciones químicas globales: Las restricciones de sustancias evolucionan (por nuevos estudios científicos o cambios en políticas). Asigne a alguien (ejemplo, gerente de calidad o cumplimiento) la tarea de monitorear periódicamente actualizaciones en legislaciones clave (EU publica cambios en REACH cada cierto tiempo agregando sustancias SVHC, la FDA puede emitir alertas, etc.). Participar en webinars o recibir boletines de entidades como UNEP, ECHA (Agencia Química Europea), FDA, ILO (sobre químicos) puede ser útil. Cada vez que detecte una novedad relevante (ejemplo: “tal sustancia será prohibida en 2024 en la UE”), anticipe evaluando si usted la usa y qué hará al respecto. Esto es gestión preventiva.
Auditorías internas de sustancias peligrosas: De forma similar a recomendaciones previas, conduzca auditorías internas enfocadas en química. Revise: ¿está actualizada la lista? ¿Se cumplen requisitos del cliente A, B, C (muestreo)? ¿Están todas las SDS disponibles y vigentes? ¿El personal conoce las políticas? ¿Ha entrado algún químico no autorizado? Este ejercicio anual ayudará a detectar debilidades temprano. Involucre a personal técnico en la auditoría para que sea rigurosa.

Implementando estas acciones, la empresa podrá demostrar en una auditoría SMETA que tiene absoluto control sobre las sustancias que maneja y su adecuación a estándares globales. 10.A.D es un requerimiento técnico, pero su cumplimiento protege no solo al cliente sino también a la propia empresa de incidentes legales y sanitarios (recalls, demandas por producto nocivo, etc.). Como apuntan iniciativas internacionales, la gestión responsable de químicos es parte integral del desarrollo sostenible empresarial. En última instancia, cumplir con 10.A.D mejora la calidad de sus productos, la seguridad de los trabajadores y consumidores, y la reputación de la empresa en la cadena de suministro global.

Conclusión

El requisito 10.A: Medio Ambiente – 2 Pilares de SMETA 7.0, desglosado en sus subrequisitos 10.A.A, 10.A.B, 10.A.C y 10.A.D, abarca desde el cumplimiento legal ambiental básico hasta la alineación con estándares ambientales avanzados de clientes y mercados internacionales. A lo largo de este artículo, hemos explorado cada componente con detalle, proporcionando tanto la fundamentación teórica como casos prácticos en nuestra región (Guatemala, Centroamérica, México) que ilustran los desafíos y soluciones reales.

Algunos mensajes clave que se desprenden son:

El cumplimiento legal ambiental no es opcional ni secundario: es el cimiento de toda gestión ética y sostenible. Empresas de todos los tamaños deben invertir en conocer y cumplir la legislación aplicable, obteniendo permisos, previniendo contaminación y evitando sanciones. La experiencia regional muestra que la ignorancia o descuido legal conlleva multas, clausuras y pérdida de confianza.
Tener sistemas de gestión ambiental básicos (aunque no certifiquen ISO 14001) ayuda enormemente a organizar la identificación de requisitos (10.A.A) y el mantenimiento del cumplimiento (10.A.B). La formación del personal en temas ambientales también es fundamental para que las políticas se ejecuten en la práctica.
Las empresas proveedoras en cadenas globales deben mirar más allá de su jurisdicción: los clientes imponen estándares que a menudo exceden la ley local. Aquellos proveedores que anticipan y cierran brechas (10.A.C) serán más competitivos y perdurarán en las relaciones comerciales. Los que no, arriesgan quedar rezagados o excluidos. Vimos ejemplos de ambos casos.
El control de sustancias peligrosas (10.A.D) es un aspecto altamente técnico pero crítico, especialmente en manufactura de productos de consumo y agroindustria. Implica un fuerte control interno (inventarios, sustituciones) y externo (cadena de suministro limpia, cumplimiento de normativas globales como REACH, FDA, etc.). Esto protege la salud de consumidores y trabajadores, y evita fricciones legales internacionales. Iniciativas globales como el Pacto Mundial de la ONU impulsan precisamente que las empresas promuevan mayor responsabilidad ambiental y tecnologías limpias.
Los errores comunes que comenten las empresas suelen deberse a falta de sistemas, falta de comunicación o subestimación de riesgos. Afortunadamente, todos se pueden corregir con mayor información, asignación de responsabilidades y voluntad de mejora continua.
Recomendaciones prácticas como mantener registros detallados, realizar auto-auditorías, comunicarse activamente con clientes/proveedores, capacitar al personal, invertir en mejoras tecnológicas, y mantenerse actualizado con regulaciones, aparecieron repetidamente. Estas crean una cultura de cumplimiento proactivo que es el objetivo final de SMETA 7.0: no solo pasar una auditoría, sino incorporar la ética y sostenibilidad en la gestión diaria.

En conclusión, implementar plenamente el requisito 10.A (2 Pilares) de SMETA 7 conlleva beneficios más allá de la auditoría: reduce riesgos legales, mejora la eficiencia (por ejemplo, menos desperdicios, menos accidentes ambientales), abre puertas a mercados exigentes y fortalece la reputación corporativa. Para los sectores de manufactura industrial (envases de papel/plástico para alimentos), servicios y agricultura en nuestra región, es una oportunidad para elevar sus estándares al nivel global.

La adopción de estas prácticas ambientales refleja también un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, particularmente el ODS 12 (Producción y Consumo Responsables) y ODS 13 (Acción por el Clima). Los implementadores de SMETA cumplen un doble rol: asegurar el compliance pero también ser agentes de cambio hacia operaciones más sustentables y justas.

Espero que este artículo sirva como un recurso completo para comprender, implementar y evidenciar cada aspecto del requisito 10.A. Siguiendo estas orientaciones, las empresas estarán bien preparadas para auditorías SMETA exitosas, contribuyendo a cadenas de suministro más éticas y a un mejor desempeño ambiental en nuestra región.

Disclaimer